Xalapa, Ver. Ante la negativa de aprobar la reestructuración por parte de los diputados del PRI, MORENA y Partido Verde, el Gobernador Miguel Ángel Yunes Linares dijo que se analizan todas las alternativas jurídicas que permitan pagar la deuda social por encima de cualquier otra obligación.
“Lo primero es mejorar la seguridad, la salud, la educación y el desarrollo social de las familias veracruzanas”, agregó.
Asimismo, el Gobernador Yunes dijo que se analiza la posibilidad de negociar directamente con la banca, sin la autorización del Congreso, aunque -en este caso- no se podría ampliar el plazo de la deuda que es uno de los objetivos de la medida.
Reiteró que con la reestructuración no se trataba de contratar nuevos créditos, sino de que el Estado pagara menos intereses.
Esto debido a que la deuda adquirida por los gobiernos anteriores contempla tasas de interés excesivamente altas, las cuales se encuentran más de dos puntos porcentuales por encima de la media nacional que es del 7 por ciento.
Detalló que reestructurando la deuda, el Gobierno de Veracruz se ahorraría en dos años, mil seiscientos millones de pesos de intereses que se utilizarían para atender necesidades básicas de los veracruzanos.
Explicó que como consecuencia de no haber aprobado la medida, se aceleraría el pago de los créditos, por lo que en el mes de julio, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podría retener el 67 por ciento de las participaciones federales para cubrir, de manera anticipada, créditos por un total de 50 mil millones de pesos; y para el mes de agosto, retendría los recursos al 100 por ciento.
“Es decir, en agosto Veracruz no recibiría participaciones federales porque todo iría destinado al pago anticipado de la deuda, lo que significa dejar de recibir los casi 33 mil millones de pesos al año que se destinan a financiar la actividad de la policía, pagar a médicos, enfermeras, maestros y también a los pensionados”.
Manifestó que profundizará en el ajuste al gasto del Gobierno del Estado que ya había venido realizando y pedirá al Poder Legislativo que haga un ajuste a la mitad de su presupuesto para poder ahorrar más de 350 millones de pesos.
Por último, planteó la posibilidad de que el Congreso reflexione y que los diputados que votaron en contra comprendan que la reestructuración es el primer —pero decisivo— paso para estabilizar las finanzas en el mediano y largo plazo.
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