Arturo Reyes Isidoro / “Lo que buscamos es que la deuda le cueste menos a Veracruz. Por esa razón es que el gobernador propuso al Congreso esta reestructuración. Se trata de la deuda que ya existe, de la deuda que viene acumulada de la administración pasada pero que con esta reestructuración nos va a dar un respiro a los veracruzanos, nos va a dar recursos para poder invertir más en lo que le interesa a la gente que es seguridad pública, desarrollo social, obras sociales que tendrá un impacto en el desarrollo y los empleos”.
¿Febrero de 2017? No. Julio de 2011. Día 28, para ser más precisos.
Esto, que puede encajar perfectamente en la situación que se está dando ahora que el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares ha pedido a la LXIV Legislatura que le apruebe la reestructuración de la deuda pública del Estado, fue lo que argumentó el entonces Secretario de Finanzas, Tomás Ruiz González, luego de que la mayoría priista de aquel tiempo en el Congreso local aprobó la iniciativa que en tal sentido había enviado el gobernador Javier Duarte.
Aunque hoy el argumento de Tomás encajaría bien para uno y otro caso, hay diferencias significativas en lo que se aprobó entonces y en lo que se pretende ahora.
Para empezar, la iniciativa fue incluida de última hora en la sesión de ese 28 de julio por la mayoría priista, con el apoyo de los diputados del PRD y del Panal, o sea que la verdadera oposición de aquella fecha, el PAN y Movimiento Ciudadano (Armando Méndez de la Luz), no se enteró del contenido del documento y los priistas simple y sencillamente mayoritearon como acostumbraban abusando del poder que les daba ser mayoría. Hubo 13 votos de abstención, de diputados panistas y el de Méndez de la Luz, y uno en contra, el de Fernando Yunes Márquez, blanquiazul.
Yunes acaba de declarar el lunes que su iniciativa no va en el sentido de recibir nuevos recursos sino de ajustar el plan de pagos que ya se tiene comprometido, que lo que busca es bajar las tasas de interés y alargar los plazos y pagar menos intereses.
Fue insistente al afirmar que “no, no vamos a recibir dinero”, y explicó: “A mí no me van entregar un cheque cuando yo la reestructure, sino que mensualmente vamos a pagar menos por esa deuda enorme que nos dejaron y ese pagar menos, ese ahorro se va a destinar a cubrir un déficit de más de 25 mil millones de pesos en pago de sueldos, no tendremos recursos líquidos, sino un ahorro“.
La reestructuración de Duarte, en cambio, implicó, ahí sí, la contratación de créditos hasta por 17 mil 400 millones de pesos, con un periodo de gracia de 30 años.
En el contenido del documento se detallaba entonces que la deuda bancaria del Gobierno del Estado ascendía a 12 mil 600 millones de pesos, además de que se tenían adeudos de pagos y obligaciones heredadas a contratistas y proveedores por 17 mil 400 millones de pesos, cantidad que se obtendría a través de créditos, los cuales “serían constitutivos de deuda”, deuda pública que se incrementó más del 100% para quedar en 30 mil millones de pesos.
Tomás Ruiz, quien daba la cara por Duarte y había sido el artífice de toda la reingeniería financiera y el día de la aprobación se encontraba en un salón alterno, explicó entonces que la deuda se podría pagar “de inmediato” con un financiamiento a largo plazo y con tasas de interés menores, pues decía que estaban entonces a niveles históricamente bajos.
(En realidad, Tomás había logrado cuadrar las cifras y la suya era una verdadera solución a la deuda que había heredado Fidel, y hoy la historia sería otra sí Duarte se hubiera apegado a lo planeado pero, ya sabemos, se reestructuró la deuda, se contrataron nuevos créditos, se recibió el dinero pero sólo para que Duarte “y su banda” se lo robaran, por lo que no se pagó a proveedores y prestadores de servicios –todavía andan buscando que les paguen– ni se mejoró la seguridad pública, no hubo desarrollo social, menos obras y por lo tanto ningún impacto en el desarrollo y en la generación de empleos.
El incumplimiento de Duarte –subrepticiamente y a espaldas de Tomás empezaron a tomar el dinero comprometido y a no cumplir con las obligaciones– llevó a la renuncia de Tomás como Secretario de Finanzas, en medio de una agria discusión en la Casa Veracruz en la que el renunciante le dijo que a partir de ese momento no le daría la espalda porque no confiaba en él y que lo tendría que sacar por la puerta grande de adelante y por eso por aquellas fechas aparecieron juntos en varios actos en la Sala de Banderas del Palacio de Gobierno, Tomás siempre atrás de Javier, como lo registran las fotos de entonces. Lo de su regreso al gobierno después, esa es otra historia.)
En aquella sesión de aquel 28 de julio de 2011, Fernando Yunes Márquez, el único que se opuso, hoy senador con licencia y aspirante a la alcaldía del puerto de Veracruz, razonó su voto en contra:
“La sola idea del Ejecutivo del Estado de saltarse el trámite reglamentario para que la petición del gobierno no sea turnada a comisiones ni estudiada y dictaminada, es simplemente degradante para todos nosotros, más allá del fundamento que puedan usar”.
Antes había reprochado a los priistas: “… ustedes ya conocían este asunto cuando cenaron todos los diputados del PRI en Casa Veracruz con el gobernador, donde les dieron a conocer dicho documento y ahora de manera facciosa y tramposa, haciendo uso del tema de la inseguridad, pretenden pasar este decreto sin que nos demos cuenta”.
Remató: “Por más que lo pretendan ocultar, esto es deuda, es otro atraco a los veracruzanos y no una situación de urgencia como lo pretenden hacer creer, pues no hay que olvidar que Javier Duarte, como Secretario de Finanzas, fue quien planeó toda la estrategia de endeudamiento que hoy no pueden pagar”. El tiempo le dio la razón.
Su padre, hoy gobernador, rema contra la corriente legislativa que ahora le obstaculiza la aprobación para que se reestructure esa deuda que le heredaron, y a diferencia de Duarte que imponía porque tenía mayoría, Yunes Linares se ha estado reuniendo con los diputados de todos los partidos cabildeando su iniciativa, explicándoles la importancia de que la aprueben por la urgencia que hay, dado que la situación de las finanzas del Estado es más que crítica.
Ha advertido ya que si no pasa, entonces para abril habrá un déficit de 25 mil millones de pesos y que no habrá dinero ni para pagar sueldos ni prestaciones a los trabajadores de la burocracia estatal. La situación es complicada porque incluso si se aprueba la reestructuración, el proceso de negociación llevará meses (en el tratamiento del tema, ha hablado de ignorancia y muchos se han sentido aludidos y se han puesto el saco).
Miguel ha dicho que insistirá en que le aprueben su iniciativa para buscar bajar los intereses, alargar los plazos de pago y no pedir más deuda.
Anoche sondee en el medio legislativo y aunque habrá oposición de Morena, me decían que es posible que se apruebe la petición en la sesión extraordinaria del próximo martes 28 con votos de panistas, priistas, perredistas, mixtos e independiente.
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