Maryjose Gamboa / Revisar los documentos en los que se sustenta la concesión otorgada a Grupo MAS, así como los lineamientos originalmente planteados para que dicha concesión no se revoque, y sea esta empresa quien por 30 AÑOS se encargue del suministro de agua en los municipios de Veracruz y Medellín, implica sumergirse en las más oscuras y nauseabundas alcantarillas de la corrupción que imperó durante el régimen Duartista… El expediente completo consta de más de 15 mil hojas repletas de argumentos más turbios que el líquido que con dificultad fluye por las tuberías de la conurbación.
Cuando se advierte que el entonces Sistema de Agua y Saneamiento Metropolitano (SAS), está a punto de colapsar porque la podredumbre en el manejo de los recursos por parte de quien fungía con director del mismo, José Ruiz Carmona, era mucho mayor a la que se podría acumular en cualquier drenaje de la ciudad, el entonces Gobernador, el más hábil “prófugo” de todos los tiempos, Javier Duarte, y el actual Presidente Municipal de Veracruz Ramón Poo, optan porque a través de una licitación poco clara, el servicio sea concesionado a una empresa privada.
En dicha licitación participan cinco empresas; FCC (del empresario Carlos Slim), Aguas de Medellín (empresa Colombiana), Proactiva, InterAgbar, y Odebrecht (propiedad del empresario Brasileño preso por actos de corrupción Marcelo Odebrechet). De estas cinco empresas, en un acuerdo que tampoco queda claro, terminan fusionándose las dos últimas (InterAgbar y Odebrecht) en una sola a la que denominan “Pro Veracruz”, empresa que obtienen el 80% de las acciones de la concesión, mientras que el 20% restante se divide entre los Municipios de Veracruz y Medellín.
Desde el primer día de operación, Grupo MAS se enfrenta a una serie de conflictos. Conflictos lógicos cuando se habla de una empresa diseñada para en apariencia justificar una concesión otorgada en medio de irregularidades, y, sobre todo, cubrir los multimillonarios desfalcos que desde el SAS se cometieron durante AÑOS… Tan es así, que hace apenas un par de días el titular del Órgano de Fiscalización Superior del estado, Antonio Portilla, habló sobre las auditorías “especiales” que se están realizando a Grupo MAS, pero nada ha dicho sobre el resultado de las auditorías realizadas al entonces SAS, cuya opacidad en el manejo de los recursos llevaron literalmente a la quiebra al organismo. Nadie tampoco notó, nada extraño durante la administración de Yolanda Gutiérrez Carlín, a quién su propio sucesor José Ruiz Carmona, acusara de dejar al SAS en “ruinas”, y menos notaron que fue justamente este quién terminó de arruinarlo, a pesar de haber sido señalado en mayo del 2014, por el ex Alcalde de Medellín Omar Cruz, por un presunto daño patrimonial por más de 600 MILLONES DE PESOS.
Lo cierto es que a su llegada (que para revisarla a detalle se requerirá un equipo completo de abogados que sepan bucear en aguas profundas y turbias), Grupo MAS se encontró de entrada, con un adeudo superior a los 34 MILLONES DE PESOS con la Comisión Federal de Electricidad, adeudo que el actual Director de la empresa Arturo Zorrilla, tuvo que pagar mientras que el Alcalde defensor de Odebrecht, Ramón Poo, daba el “banderazo de inicio de operaciones”, porque de no hacerlo, se suspendería el servicio de luz en la planta ubicada en el Tejar, misma que trata el 46% del agua que llega (a cuenta gotas) a las 220 mil tomas registradas entre Medellín y el puerto de Veracruz.
Pero además se toparon con un conflicto laboral fuera de serie, 1,225 agremiados al sindicato que dirige Angélica Navarrete, exigían ser recontratados por la nueva empresa. El SAS no los liquidó aunque en uno de los tantos papeles a revisar, se menciona que parte del acuerdo era hacerlo a través de la contratación de un crédito bancario que la nueva empresa se quedaría pagando… Pero desde luego no hubo quien se lo otorgara, porque además no estaba claro que la garantía de pago recaería en la nueva empresa concesionaria. Grupo MAS ofreció liquidarlos a todos, oferta que asegura el actual Director se mantiene vigente, que representa un monto de 155 millones de pesos, y que incluye la posibilidad de recontratar (aunque nada garantiza que lo haga ya que argumentan que primero deben pasar los exámenes a los que se somete a cualquier empleado) a 398 personas, jubilar a 120, y a través de una Cooperativa (Miradren) creada por la propia empresa, ofrecerles trabajos temporales a 487 empleados, Cooperativa que asegura el director de MAS sería para ellos.
El contrato colectivo obtenido por Angélica Navarrete, señala Arturo Zorrilla, incluía el pago de 598 días de salario al año (más de 150 días de lo que se otorga por ejemplo a los agremiados a sindicatos magisteriales), por lo que resultaba insostenible… Pero, y es aquí en donde necesariamente hay que remontarse al pasado, ninguna autoridad explica cómo, es decir, bajo qué argumentos legales, se logra dicho contrato inédito que sin duda catapulta a la líder sindical entre sus agremiados, pero que a la par contribuye a que el organismo se fuera a pique… Jamás en la historia del organismo se había visto que un Director (José Ruíz Carmona) accediera con tal “generosidad” a aumentar las prestaciones de los trabajadores sindicalizados cuando él mismo declaró en el 2012 a una servidora en el noticiero que conducía, que la escases de recursos impedía el debido mantenimiento a las plantas de tratamiento, y a los miles de kilómetros que conforman la red hidráulica del sistema.
Es por eso que cuando de manera ILEGAL inicia operaciones Grupo MAS, porque el SAS aún no había desaparecido de manera formal, inician los enfrentamientos entre los empleados sindicalizados y la empresa concesionaria… Reclamos justos por parte de los trabajadores sindicalizados porque nadie les explicó a DETALLE, en primer término bajo que acuerdos se dieron los logros sindicales, y en segundo lugar, cómo es que les fueron arrebatados de golpe. Todo se quedó en el ambiguo y subjetivo estatus de la suposición, porque explicar ambas circunstancias resulta bastante más complejo de lo que cualquiera (me incluyo) pudiese entender basándose en la legalidad.
Pero el punto es que al final de estas 15 MIL HOJAS que conforman el expediente, y a reserva de lo que resulte de su revisión exhaustiva, hoy por hoy, es en el Instituto Metropolitano del Agua, creado a petición del Alcalde para el cual los serios conflictos que enfrenta Obredechet en el país (acusación de corrupción, por sobornos presuntamente pagados por la empresa a funcionarios de Pemex por más de 10 MILLONES DE DÓLARES a cambio de la asignación de contratos para distintas obras no significan mayor problema), en quien recae la FACULTAD de revisar y aprobar MES CON MES, el servicio otorgado por Grupo Mas, así como la responsabilidad de verificar que la inversión a la que se comprometieron en el contrato de concesión, se cumpla. La primera sesión de dicho Instituto se dio después de TRES MESES de operación de la empresa, y el resultado de dicha “revisión” sigue siendo un misterio para los ciudadanos a quienes tienen la OBLIGACIÓN legal de rendirles cuentas.
¿Qué logremos descubrir después de “bucear” en las alcantarillas de la corrupción? Ni idea. Pero hasta este momento queda claro que si la propia empresa, Grupo Mas, no muestra inconveniente alguno en facilitar a una servidora toda la información (al menos ese es el compromiso), pero el Alcalde Ramón Poo sí, entonces puede ser que Marcelo Odebrecht resulte casi un “beato” en comparación con los funcionarios a los que en realidad se está tratando de proteger.