Édgar Hernández* /
“¡Ni políticos químicamente puros, ni damas de la caridad en política!”, FGB
Sospechosa la alharaca mediática despertada tras el anuncio del gobierno de Veracruz en torno a la creación del Centro de Justicia para Mujeres con una inversión pública de 400 millones de pesos.
En 2011 la federación dio a Veracruz la primera voz de alerta sobre la necesidad de proteger de la violencia a la mujer a través de un centro interinstitucional donde el gobierno del estado no invertiría un clavo.
En 2012 se empezaron a formar los primeros cuadros para la integración de la institución. En ese mismo año, en julio, el gobierno federal envió los primeros seis millones de pesos para el arranque de la obra.
En 2014 durante una sesión plenaria del Congreso del Estado se autorizó al gobierno de Javier Duarte la entrega de un terreno propiedad del estado, de cuatro mil metros en “Nuevo Xalapa” para tales propósitos y se colocó incluso la primera piedra para que posteriormente dicho programa durmiera el sueño de los justos.
Las contradicciones.
Vale acotar contra lo impreciso del primer señalamiento del gobierno de Yunes, que el Centro de Justicia es modelo que hace décadas está en operación en Estados Unidos y una parte de la república mexicana.
Y que además la instancia es la síntesis en la atención jurídica, médica, psicológica: que es un centro que contempla un refugio o albergue para mujeres víctimas de violencia que –bajo el mismo techo- cuenta con personal del registro civil, el Instituto de la Mujer, un juzgado de lo familiar, la representación de la Comisión de Derechos Humanos, un hospital, la presencia de la Secretaria de Trabajo, un comedor, ludoteca para los hijos de las mujeres en proceso de atención, canalización y orientación social y la reincorporación de las víctimas a la vida familiar y social.
Todo en un solar que impida la revictimización.
Es pues, un proyecto noble, de salvaguarda para la mujer y tan indispensable que ya funciona en al menos 18 entidades de la república.
Acaso por ello llama la atención la información sesgada que da el gobierno del estado pretendiendo mostrar a la opinión pública veracruzana que es un proyecto propio en donde se invierte dinero del gobierno estatal y que será posible gracias a la visión del “gobierno del cambio”.
“Serán cinco mil millones de pesos de pesos los que se invertirán en materia de seguridad pública y procuración e impartición de justicia”, dijo en días pasados el gobernador Yunes.
“Para la ciudad de Xalapa se construirá la primera etapa del Centro Integral de Justicia para Mujeres, un proyecto que trae la diputada local Maryjose Gamboa”, precisó de manera imprecisa.
Mientras, el desacreditado Fiscal, Jorge Winckler da cuenta en las redes de la “Gran noticia, el Centro Integral de Justicia para Mujeres. Gestionado por la FGE, Veracruz… Las Mujeres en Veracruz son prioridad”.
Es a partir de entonces que voces oficiales y oficiosas se han desbordado en el encomio hablando de proyectos propios y presupuestos por las nubes cuando la realidad indica que no es así.
Se olvida que hace un lustro el Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública propuso a los estados de la república la creación y operación de centros de atención a las mujeres violentadas.
Este modelo de atención integral con perspectivas de género tiene sus orígenes en el llamado Family Justice Center que se inició en San Diego en 1992, en el modelo de Atención Integral de Guatemala C.A., así como por las experiencias exitosas recogidas en los centros de Justicia para la Atención a Mujeres en Chihuahua, Campeche, Ciudad Juárez y Chiapas.
A la fecha hay 22 centros en 17 entidades federativas que fueron prohijados y patrocinados por el gobierno federal desde su nacimiento hasta su apertura.
Ya después cada centro tendrá la obligación de buscar la auto sustentabilidad, vía patronatos, sociedades civiles y patrocinios financieros internacionales.
En Veracruz es en enero de 2012 cuando se realiza la primera aproximación del Centro de Justicia para las Mujeres en una reunión de trabajo donde se determina que la cabeza de todo el proyecto la llevaría la Procuraduría del Estado.
Ya para junio del mismo año, la Gaceta Oficial define su creación de la mano del Poder Judicial, la Secretaría de Salud, el DIF, el Instituto Veracruzano de las Mujeres, la SEV, Seguridad Pública, la Secretaría del Trabajo, Derechos Humanos, el Registro Civil, la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el Instituto de la Defensoría Pública y la sociedad civil.
Se inicia asimismo la capacitación –en Oaxaca y San Diego- de tres mujeres veracruzanas de reconocido prestigio jurídico, especialistas en el tema de la violencia en la mujer. A la par la Federación se suma entregando seis millones de pesos para el arranque.
Por razones de raterías del Duartismo –o porque se va el dinero a la licuadora- este nunca se aplica y pues… el resto de la historia es harto contada.
Acaso por ello en estos tiempos es bienvenido y muy reconocido el interés del gobierno del estado por rescatar el tema.
Lo que parece, sin embargo, impropio es que se quiera vender como un asunto nuevo producto del yunismo y que no se deje en claro que no es así y que el soporte millonario para hacerlo realidad proviene de recursos federales.
Veracruz clama a gritos protección y justicia para grupos vulnerables. El Centro de Justicia para Mujeres es imprescindible dadas las circunstancias de violencia que el género femenino está viviendo mismas que han obligado al gobierno a decretar la “Alerta de Género” de manera parcial en la entidad.
El cambio, en efecto, es posible, máxime que al retomarse la propuesta se cita a la luchadora social, Maryjose Gamboa, como cabeza del proyecto.
No pretendamos, sin embargo, con verdades a medias confundir a la opinión pública. No se puede presumir con sombrero ajeno, máxime que el gobierno en funciones es un suspiro y ha caído en diferentes momentos en serias contradicciones y mentiras.
Tiempo al tiempo.
*Premio Nacional de Periodismo
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