Juan David Castilla Arcos / Xalapa, Ver. Arturo Bermúdez Zurita es propietario de seis empresas de seguridad privada en la Ciudad de México y una de ellas, Seguridad Privada GPR, se encuentra a seis minutos del edificio donde ocurrió el multihomicidio de la colonia Narvarte.
Un medio de comunicación nacional reveló que el extitular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) podría haber participado en el asesinato de Nadia Vera, Mile Virginia Martín, Yesenia Quiroz, Alejandra Negrete y Rubén Espinosa Becerril.
Dicha información es relevante para el esclarecimiento del caso, registrado el 31 de julio de 2015.
Los abogados de las víctimas Karla Micheel Salas Ramírez y David Peña Rodríguez presentarán la documentación ante la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México y la Fiscalía General del Estado (FGE) para exigir que Bermúdez Zurita sea interrogado nuevamente y se profundice en las líneas de investigación que apuntaban hacia Veracruz.
La localización de las empresas del exfuncionario durante el gobierno priista, que encabezó el prófugo Javier Duarte de Ochoa, no ha formado parte de la investigación en el caso.
La empresa Seguridad Privada GPR está en la calle Luis Spota 151, colonia Independencia, a seis minutos en vehículo de la calle Luz Saviñón 1909, donde fueron brutalmente liquidadas las cinco personas.
Rubén Espinosa huyó de Veracruz por amenazas y hostigamiento del que fue objeto por parte de las autoridades locales, particularmente de Bermúdez.
Sujetos de civil con armas de fuego lo habían perseguido. Se trata de personas con un perfil que podría corresponder a militares, policías o guardias de seguridad privada.
De acuerdo con Aristegui Noticias, los abogados recabaron testimonios de activistas, defensores de derechos humanos y periodistas de Veracruz, que confirman dicha situación.
Y es que durante el gobierno de Duarte fueron asesinados al menos 19 periodistas, según cifras de Artículo 19.
Actualmente, Arturo Bermúdez está preso en el penal de Pacho Viejo, Coatepec, pues fue vinculado a dos procesos judiciales por enriquecimiento ilícito y abuso de autoridad y tráfico de influencias.
El pasado 3 de febrero, fecha en que ingresó de manera formal al Centro de Reinserción Social (Cereso), familiares de desaparecidos e integrantes del Colectivo por la Paz protestaron afuera penal para exigir que el exservidor público fuera también investigado por su presunta participación en desapariciones y vínculos con la delincuencia organizada.
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