¿Qué diablos hacemos con la policía?

Rafael Pérez Cárdenas / Ayer vivimos otra jornada de terror en materia de seguridad. Medios estatales dieron testimonio del homicidio de un líder cañero en una plaza comercial de Córdoba, del asalto pistola en mano de la tienda Coppel junto a otro centro comercial en Xalapa y la sustracción –esperando que sólo sea eso- del delegado federal de la Conafor, mientras realizaba una gira de trabajo por Atzalan. Todos a plena luz del día.

La lectura colectiva es fatal. Se puede cometer cualquier delito, a cualquier hora, en cualquier lugar, sin importar si se trata de un funcionario público, un líder social, empleados de un establecimiento comercial o un ciudadano de calle. En esta nueva espiral –que para el gobierno estatal sólo es un asunto de percepción- nadie parece estar a salvo.

La pregunta obligada es ¿dónde está la policía?, o más específicamente, ¿dónde está la autoridad? Al parecer, enfrascada en una lucha política y una estrategia mediática que no le dan resultado.

Desde que anduvo en campaña por la gubernatura, el mandatario estatal –a quien se le atribuye una amplia experiencia en materia de seguridad pública-, sabía de la escalada criminal que había en el estado. No puede acusar desconocimiento. Pero como en muchas otras cosas que no ha logrado cumplir, hizo el compromiso de que los veracruzanos recuperarían la seguridad y que podrían realizar con normalidad sus actividades cotidianas. Hoy, nada está más lejos que eso.

La delincuencia común, esa que peyorativamente han llamado de “los frutsis y pingüinos” o que sólo roba “cien pesos y una coca cola”, sigue imparable, sobre todo, en contra del ciudadano común, del más indefenso, sin que la autoridad logre establecer una estrategia eficaz y sensata que inhiba estos delitos “menores”.

A la luz de los resultados, es evidente que la policía estatal y las municipales no sirven. En el mejor de los casos, por incapacidad y falta de equipamiento; en el peor, porque forman parte de la misma delincuencia que deberían combatir. Tal vez por ello, Yunes Linares optó por lo más fácil, lo que ya había hecho el propio Duarte: pedir la presencia de la Gendarmería y que Marina y Ejército colaboren con un mayor número de elementos. Pero tampoco ha resultado.

En los últimos años, ante la escalada de violencia, el gobierno federal, los gobernadores y los presidentes municipales han tratado de encontrar soluciones comunes, pero al final, siempre se impone la política, la mala política.

Una de estas soluciones fue precisamente la creación de un mando único, que ante la resistencia de mandatarios estatales y alcaldes, tuvo que ser modificada a un modelo de policía mixta, que fue aprobada por el Senado pero que no ha pasado la aduana del Congreso. Para los diputados federales, no es una prioridad.

Cuando surgió la iniciativa en el gobierno de Felipe Calderón, el diagnóstico era devastador. Entonces, hace una década, el 20% de los elementos ganaban menos de mil pesos al mes y más del 70% contaba apenas con educación básica. Hoy la mayor parte de las policías municipales del país siguen siendo pobres y corruptas.

Esta situación ha facilitado que en estos años, el crimen organizado erogue más de mil 270 millones de pesos mensuales para el pago de policías municipales; incluso el pago por cada elemento oscila entre los cuatro y cinco mil pesos, como se ha podido constatar por las narconóminas encontradas en casas de seguridad de los grupos delincuenciales.

Años después, la situación es prácticamente la misma: las policías siguen desarticuladas, sin capacitación ni equipamiento y son fácilmente cooptadas por los grupos delincuenciales en cada región el país. En Veracruz, lo ha dicho el gobernador prófugo y ahora también el mandatario en funciones.

Lo que hoy está en el tintero, como un intento más, es la creación de un mando mixto mediante la creación de un nuevo Sistema Nacional de Seguridad Pública, integrado por un Consejo Nacional de Seguridad Pública, Secretariado Ejecutivo (cuyo titular será nombrado por el Presidente de la República con el aval de dos terceras partes del Senado) y un Consejo Consultivo Ciudadano.

Es muy importante señalar que las policías municipales no desaparecerían. La ley dispone que los municipios tendrán una “policía de proximidad y tránsito”, cuyos elementos podrán imponer sanciones e infracciones administrativas, pero en la medida que acrediten mayores capacidades desempeñarán funciones de reacción y de prevención e investigación de delitos.

Además, los gobernadores podrán asumir temporalmente el mando de las instituciones policiacas de los municipios en casos de fuerza mayor y/o alteración grave del orden público. La nueva ley también prevé los casos de excepción en que las instituciones policiales de las entidades federativas actuarán bajo el mando de las federales, y en las que las municipales lo harán bajo el mando de las estatales o de las federales.

Por eso extraña la propuesta que ha hecho el gobernador Yunes. Las policías intermunicipales no funcionaron hace dos décadas, y difícilmente lo harán ahora, en un escenario tan politizado, con gobiernos municipales de distintos partidos que privilegian sus intereses y no el acuerdo que genere soluciones comunes.

Así, en medio del caos, la pregunta sigue siendo la misma: ¿Qué diablos hacemos con la policía?

La del estribo…

Pues resulta que si las denuncias son ciertas y bien fundamentadas, en las últimas dos administraciones estatales, de la Secretaría de Salud sólo salía pus, producto de una verdadera metástasis. Ojalá no se trate de otra bengala para distraer al respetable.