Arturo Reyes Isidoro / Para quienes no somos especialistas en el juego del boliche o bolos, chuza es el lance que consiste en derribar todos los palos de una vez y con sólo una bola.
Chuza, me entero en el Diccionario de la Real Academia Española, es un término usado en México y también tiene otra connotación: acabar con algo, destruirlo por completo.
En la enciclopedia libre Wikipedia me entero que en la antigüedad en Egipto ya se jugaba a los bolos, pero también lo hacían los griegos y los romanos; que en la Edad Media fue popular en Alemania y en los Países Bajos.
Pero no, no me estoy preparando para entrar como comentarista al mundo deportivo, busqué el concepto porque chuza es la que pretende hacer el Secretario de Salud, Arturo Iván Suárez Villa con sus inmediatos antecesores, así como también con quienes fueron sus jefes.
Alguien, que no es el diabólico consejero de Donald Trump, Steve Bannon, a quien acusan de haber filtrado la versión de que el troglodita presidente norteamericano pensaba enviar tropas a México, filtró a los medios locales sólo la primera hoja de la denuncia del doctor Suárez Villa.
La nómina de acusados es completa: Fidel Herrera Beltrán, Javier Duarte de Ochoa, Luis Fernando Antiga Tinoco, Pablo Anaya Rivera, Juan Antonio Nemi Dib y Fernando Benítez Obeso, exgobernadores los primeros, exsecretarios de Salud los demás. Pero también, de primer nivel, los excontralores generales del Estado Clara Luz Prieto Villegas (con Fidel) e Iván López Fernández, Mauricio Martín Audirac Murillo y Ricardo García Guzmán (con Duarte).
Y más abajo, los exdirectores de Administración de SESVER, Timoteo Aldana Carreón, Ricardo Sandoval Aguilar, Pedro Manuel Solís García y Hugo Odón Flores Lira, así como Mirna del Rosario Díaz y quienes resulten responsables representantes de empresas presuntamente fraudulentas.
Hasta donde se alcanza a leer el documento filtrado, a todos ellos se les acusa “por hechos que pudieran ser constitutivos de los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal, ilícitos que se encuentran previstos y sancionados por el Código Penal vigente en el Estado, así como los delitos previstos y sancionados por la Ley General de Salud y los delitos que resulten”.
Lógicamente, no se conocen los detalles de los presuntos hechos delictivos porque no se filtró completo el documento, pero por el momento en que se da a conocer públicamente, así sea en forma parcial, sin duda tiene el efecto de una carambola de tres bandas, para brincar a otro juego, el del billar, aunque se trataría de un carambolazo político.
Primero, es dable pensar que ya se terminaron de investigar todas las anomalías investigables en el sector, tanto en lo que corresponde a la administración de Herrera Beltrán como a la de Duarte de Ochoa. Seguramente la denuncia va acompañada de un verdadero cúmulo de pruebas, más las que pudieran surgir durante el desarrollo del proceso legal.
De que hay delitos que perseguir, ni quien lo dude. Ya el Secretario de Salud federal, José Narro Robles, confirmó que en el sistema de salud del Estado se encontraron irregularidades que calificó de “indignantes y dolorosas”, como 17 toneladas de medicamento caduco y 47 mil pruebas sin registro sanitario para detectar VIH-sida. El funcionario es priista y de un gobierno priista, o sea, insospechable.
Pero es indudable que la denuncia y sus consecuencias impactarán en Fidel (Duarte ya está prófugo y escondido tratando de evadir la acción de la justicia), quien ahora ya no sabe –eso se infiere– de qué lo acusan y si el amparo que obtuvo lo pone a salvo de que pudieran detenerlo. Para efectos políticos, continuará sin poder operar directamente en el Estado, como era su intención.
Me atrevo a pensar también que la denuncia, o la filtración del documento de denuncia, puede ser en represalia porque piensen que él está influyendo en los diputados priistas y “mixtos” para que no le autoricen al gobernador Miguel Ángel Yunes Linares la reestructuración de la deuda de la administración pública estatal, que lo pone en un verdadero aprieto, tanto que ayer advirtió que si lo bloquean en la Legislatura, en abril habría un déficit de 25 mil millones de pesos que llevaría a la insolvencia para pagar sueldos y prestaciones de la burocracia.
Si eso fuera, la denuncia-calambre podría ser un instrumento para negociar la aprobación de la propuesta del gobernador. Habrá que esperar el desarrollo de los acontecimientos.
Aunque también, la filtración de una parte del documento impactará, en lo inmediato, en las aspiraciones políticas de al menos tres de los denunciados: Pablo Anaya Rivera, que aspira a ser candidato a presidente municipal de Poza Rica por el partido Movimiento Ciudadano; Iván López Fernández, que pretende lo mismo por el municipio de Emiliano Zapata, aunque como independiente; y Ricardo García Guzmán, quien estaría considerado por el PVEM para ser postulado al mismo cargo por el municipio de Pánuco.
Sorprende que este último haya sido denunciado, pues se le consideraba aliado del gobernador Yunes y hasta se llegó a especular que repetiría en el cargo o formaría parte del nuevo equipo de gobierno. ¿Se le está castigando porque su hijo Rodrigo es diputado local por el Partido Verde, cuya franquicia es propiedad de Fidel Herrera Beltrán?
La denuncia daña políticamente a la familia porque ante sus paisanos daría la idea de que el gobernador les ha retirado su apoyo.
La acción contra Antiga Tinoco estaría ligada a Fidel, pues fue su Secretario de Salud.
El doctor Anaya Rivera fue el primer Secretario de Salud con Javier Duarte, aunque éste lo renunció el 7 de marzo de 2013, cuatro días después de que la Auditoría Superior de la Federación dio a conocer los resultados de la revisión de la Cuenta Pública 2011 donde no se pudo comprobar la aplicación de 72 millones de pesos que estaban destinados al Seguro Popular.
Nemi Dib ha estado enfrascado en la polémica mediática defendiéndose de haber estado involucrado en los ilícitos de la dependencia y haciendo acusaciones contra los otros involucrados ahora en la denuncia, en especial contra su sucesor Benítez Obeso y el administrativo Sandoval Aguilar.
Benítez Obeso gozaba de una buena imagen como médico y administrador cuando estuvo en el Centro de Especialidades Médicas de Xalapa, pero haberse quedado callado ante tantas anomalías que seguramente conoció adentro ya como titular de la Secretaría lo ha envuelto en el escándalo y corre el riesgo de terminar procesado penalmente.
Todos los administrativos resultarían involucrados porque necesariamente por acción u omisión participaron en las anomalías, y los excontralores por no haber actuado en su momento o no haber denunciado todo lo que tenían que haber señalado.
El escándalo, pues, sigue dominando el espacio mediático, pero hasta ahora relacionado con el sector sólo hay un procesado: el doctor Leonel Bustos Solís, quien fue titular del Seguro Popular en el gobierno de Fidel. ¿Quién será el siguiente que lo acompañe?
Dos reconocidos periodistas, en Xalapa
Con intervalo de pocos días han estado en Xalapa dos excelentes periodistas pero también buenos compañeros y amigos: Sonia García García, ex directora del Diario de Xalapa, ahora residente y promotora cultural en Barcelona, España, y Roberto Villarreal Morales, exreportero del diario Excelsior, extitular de Comunicación Social en el gobierno de Dante Delgado y últimamente Director General de Información de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, ya a punto de jubilarse.
Sonia va y viene y por estos días trabaja en un proyecto junto con su hija Nicté y hace filmaciones y entrevistas en la capital de Veracruz. Roberto realiza algunas gestiones en nuestra bella ciudad pero también es un enamorado de Veracruz. Siempre es grato escucharlos (son asiduos lectores de “Prosa aprisa” y me hacen apuntamientos, que les agradezco), aprenderles y retroalimentarse con sus puntos de vista sobre la realidad que vivimos en el Estado.
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