Aurelio Contreras Moreno / En cualquier país en el que se respete mínimamente la legalidad y los derechos humanos, un escándalo como el de los medicamentos falsificados en el estado de Veracruz ya habría provocado renuncias, despidos y denuncias penales inmediatas.
Pero como sabemos, en México no pasa absolutamente nada. Los implicados en esta historia, salvo el que está prófugo desde hace más de tres meses, andan como si nada. Algunos, viviendo a costa del erario y ostentando cargos públicos de alto nivel, quitados de la pena.
La cloaca que se redestapó esta semana –porque no hay que olvidar que se habían hecho varias denuncias al respecto desde hace por lo menos dos o tres años- no ha conmovido una sola de las estructuras de poder en este país, ya no digamos en el estado, a pesar de estar involucrados al menos dos ex gobernadores y cinco ex secretarios de Salud de Veracruz.
Es increíble, por ejemplo, que a pesar de la confirmación de la farmacéutica Roche de que en el gobierno de Fidel Herrera Beltrán se falsificaron sus productos médicos oncológicos para, en su lugar, ofrecer a los pacientes de los Servicios de Salud del estado suministros inservibles, el ex gobernador veracruzano no haya sido cesado fulminantemente de su actual encargo como cónsul de México en Barcelona.
Además de inaudito, es una vergüenza para el país tener un personaje de esa calaña como integrante de su cuerpo diplomático. Aunque eso siempre lo tuvo claro el presidente Enrique Peña Nieto y, aún con eso, y a pesar de todas las críticas que esa decisión generó desde un principio, lo nombró cónsul y le brindó inmunidad e impunidad.
En Veracruz, en el ámbito local, no andamos mejor. No se ha pasado del escándalo mediático y las amenazas de que se procederá contra los responsables. Pero lo cierto, hasta el momento de escribir estas líneas, es que sólo hay amagos, anuncios de que se impondrán a los responsables “las sanciones que procedan”, mientras los implicados tienen todo el tiempo del mundo para poner tierra de por medio y seguir los pasos de uno de los miembros de la pandilla, el prófugo Javier Duarte de Ochoa.
Los gobiernos federal y estatal abrieron de par en par expedientes que revelan tal magnitud de actos criminales cometidos en Veracruz estos últimos años, que si no los castigan de manera ejemplar terminarán por revertírseles y hundirlos en el mismo fango de descrédito y repudio.
Si el gobierno de Enrique Peña Nieto no captura a la brevedad a Javier Duarte de Ochoa –a quien le permitió fugarse y cada vez con mayor fuerza se asegura que protege-, puede irse despidiendo de cualquier aspiración por mantener al PRI en el poder y por salvar algo de su imagen histórica. Lo mismo, si sostiene a Fidel Herrera Beltrán como vergonzante cónsul en Barcelona.
Y si Miguel Ángel Yunes Linares no lleva ante un juez a todos los demás involucrados en el saqueo al estado de Veracruz, si no comprueba todas sus acusaciones y los refunde en la cárcel, también que le diga adiós a sus proyectos políticos personales y familiares, que no pasarán de un triste y crispado bienio.
La cuerda llegó a su límite y no aguanta jalarla más.