Armando Ortiz / Uno de los grandes fraudes que se dieron en la administración de Javier Duarte fue relacionado al Seguro Popular. De acuerdo con su objetivo el Seguro Popular “se encarga de brindar servicios de salud a todas las personas que estén inscritas en el sistema de protección social en salud, y tiene la capacidad de trabajar con distintos proveedores de servicios de salud tanto pública como privada en todos los estados de la República mexicana. El seguro popular en el DF, Puebla y Estado de México cumplen con una cobertura enorme de familias mexicanas. El principal objetivo del seguro popular es proteger a toda la población que no cuente ya con un seguro social de gastos médicos, buscando de este modo que todos los integrantes de las familias afiliadas al seguro popular tengan acceso a los servicios de salud, médicos, hospitalarios, farmacéuticos y quirúrgicos”. Esa es al menos la utopía de este plan de servicios de salud que tiene como propósito abarcar a todos aquellos que no cuenten con Seguro Social o ISSSTE.
Por supuesto cuesta creer que este plan pueda brindar a algún afiliado algún servicio en hospitales particulares, si se ha dado el caso, no ha sido en Veracruz. Y no se cree lo anterior porque en Veracruz el Seguro Popular, al menos en el tema de la asistencia fue un verdadero fraude.
Sin embargo, regularmente se hacían las campañas de afiliación, que es lo que más importaba al gobierno de Javier Duarte, que todos los veracruzanos se afiliaran, pero no para que gozaran de los servicios de salud que ofrecía el Seguro Popular, sino porque entre más personas afiliadas tenía, más grande era el monto de recursos que le llegaban. Por eso tenían a tanto brigadista, a tanta gente trabajando en las diferentes zonas del estado de Veracruz, porque les interesaba cosechar afiliaciones para que los recursos fueran cada vez más cuantiosos y así tener más dinero para robar; literalmente robar.
Esos brigadistas son los trabajadores que en los últimos días se han estado manifestando; los mismos a los que se les ha notificado que su contrato queda rescindido. Pero también es justo decir que a estos trabajadores les han dicho que se les ofrece una contratación individual, sin embargo, ellos buscan se respete el contrato colectivo que negociaran con la administración de Javier Duarte, pero no entienden que Javier Duarte sólo los utilizó. Los líderes son los que recomiendan que no se acepte esa contratación individual que aseguran sólo será de tres meses, y eso para que capaciten a los nuevos brigadistas, y después de los tres meses los desechen.
En Veracruz el Seguro Popular fue un fraude, porque los servicios que ofrecía este plan de seguridad nunca se dieron ni a cabalidad, ni en lo más mínimo. Cualquier persona que acudía a algún servicio médico amparado por el Seguro Popular tenía que llevar su propia agua destilada para que le aplicaran una inyección que por cierto también tenía que llevar. Los doctores de los diferentes hospitales del estado tenían que hacer milagros y aguantar a los pacientes que les culpaban por las abundantes carencias que se daban en cada centro de salud. No había medicinas, y en el peor de los casos la medicina que daban eran puros placebos que ni curaban el dolor, ni la enfermedad, como fue en el caso de los niños con cáncer (¡ahí les hablan Beceiro!).
Lo que sí debería haber es diálogo, porque lo que dicen los líderes puede ser grave. Que se eche a la calle a muchos trabajadores y se les recontrate individualmente para que sólo capaciten a quienes los habrán de sustituir sería una jugada muy sucia, más si como dicen los líderes, los nuevos trabajadores serán de otros estados. Por eso debería haber diálogo, para que se aclaren bien las cosas. Por cierto, ¿quién es la señora Consuelo Anaya, a la que acusan de ser canalla? ¿A poco de verdad es operadora de Moreno Valle?
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