Filiberto Vargas Rodríguez / No fue confirmado de manera oficial, pues se entiende que forma parte de la Carpeta de Investigación y debe prevalecer en secreto hasta que concluya el caso, pero a través de filtraciones (una práctica común en la PGR) se logró saber que la empresa que se comprometió a devolver los 421 millones de pesos al Gobierno de Veracruz fue el Grupo Hidrosina, que controla no menos de 200 estaciones de gasolina en todo el país.
Los directivos de dicho grupo se habrían acercado a la PGR para aclarar que aunque habían recibido los fondos por conducto de Moisés Mansur Cysneiros, en realidad desconocían que hubieran sido obtenidos de manera ilícita.
Esta empresa hizo una transferencia por 250 millones de pesos a las autoridades federales, además de firmar un documento en el que se comprometía a reintegrar el resto, 171 millones de pesos, en 12 mensualidades, a partir de enero de 2017, incluyendo los intereses que se generen.
La Secretaría de Hacienda y la PGR ya habían detectado una empresa en la que Moisés Mansur Cysneiros, considerado el principal prestanombres de Javier Duarte, tenía como socio a William Jorge Karam Kassab, dueño de Hidrobenz y socio del Grupo Hidrosina, junto con su hermano Paul Karam Kassab.
Según la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) Mansur y Karam se hicieron socios desde hace 5 años, al constituir en el Estado de México la empresa Servicios Profesionales Jura S.A. de C.V.
Alfonso Ortega López, abogado fiscalista que confesó ser prestanombres de Javier Duarte, declaró a la PGR que una parte del dinero desviado por el exgobernador se destinó para la adquisición de gasolineras de Grupo Hidrosina.
Al reintegrar al Gobierno de Veracruz la primera parte de los recursos desviados para estas inversiones, la PGR explicó que los operadores financieros de Javier Duarte utilizaron dichos fondos para adquirir el 50 por ciento de una empresa a través de una persona moral.
El subprocurador jurídico y de asuntos internacionales, Arturo Elías Beltrán, explicó que el gobierno de Javier Duarte le entregó 233 millones de pesos a un empresario para que él, a su vez, canalizara 165 millones a otra persona. Con esos recursos se pretendía formar una empresa que adquiriera el 50 por ciento de las acciones de otra compañía no especificada.
Al notar que esos fondos tenían un origen posiblemente ilícito -explicó el funcionario de la PGR- la persona que los recibió inicialmente lo denunció de forma voluntaria a la Secretaría de Hacienda.
Muchos se preguntan la razón de la premura para deslindarse de cualquier probable acuerdo comercial con Javier Duarte o sus testaferros.
Expertos en materia financiera han sugerido que a los directivos del Grupo Hidrosina los puso nerviosos el hecho de que la Secretaría de Hacienda y la PGR estuvieran revisando sus archivos y sus movimientos económicos.
Hay antecedentes documentados de que dicha organización empresarial ha sido sancionada por el Sistema de Administración Tributaria (SAT) por omitir el pago de impuestos, y varias voces sugieren que una investigación a fondo del comportamiento de las estaciones de gasolina de dicho grupo, podría arrojar mucha luz respecto a la ruta que sigue el combustible que es robado por bandas del crimen organizado.
En los momentos en los que se hicieron los primeros contactos entre los operadores financieros de Javier Duarte y los socios de Hidrosina, la inversión parecía ser un buen negocio, pero en los meses recientes, a la luz del derrotero que han tomado las investigaciones contra el exgobernador de Veracruz, lo que pintaba como un buen acuerdo, terminó por convertirse en una “papa caliente”.
Tampoco se debe perder de vista otro detalle: Uno de los apellidos de los directivos de Hidrosina, Karam, está vinculado muy de cerca con la familia Chedraui, a la que se le atribuye haber proporcionado gran parte de la información que obtuvo el hoy gobernador, Miguel Ángel Yunes Linares, para desnudar todo el entramado financiero que había creado Javier Duarte con sus socios.
Poco a poco empieza a verse la luz y se conocen los verdaderos socios, los beneficiarios de los malos manejos en Veracruz los últimos seis años.
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