Francisco de Luna / Xalapa, Ver. Los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en Xalapa, se deslindaron de la quema del automóvil y el bloqueo en las oficinas de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) que han encabezado los representantes de las cámaras Nacional de la Industria y la Transformación (Canacintra) y de la Construcción (CMIC).
De acuerdo con el presidente del CCE, Luis Palacios Macedo, se trata de actos vandálicos y subversivos encabezados por el dirigente de Canacintra, Antonio Pino Aguilar y un grupo de supuestos miembros de la CMIC de Poza Rica.
«Los xalapeños y los veracruzanos no queremos esos tipos de actos porque lo único a lo que incitan es que haya más violencia y Veracruz está secuestrado por la impunidad, la corrupción y la inseguridad».
Dijeron no estar de acuerdo con las manifestaciones que han intensificado el grupo de empresarios, tal y como ocurrió la noche de este miércoles cuando hicieron la quema del coche en la entrada a Sefiplan.
Consideraron que estos bloqueos sólo generan afectaciones y por lo tanto incomodidad a los dueños de negocios quienes registran ventas bajas, mientras que para los ciudadanos se convierte en una obstaculización para poder dirigirse a sus centros de trabajo, a quienes incluso les han descontado el día por no llegar a tiempo a causa de las manifestaciones.
«No es posible que aparte del caos que hay en las finanzas públicas y en la gobernabilidad todavía abundemos más a Xalapa; los únicos que están produciendo son los empresarios y estamos obstaculizando las vialidades».
Por esa razón hicieron el llamado a las autoridades federales que detengan el encono social, pues temen que ocurran enfrentamientos entre ciudadanos ya que varios necesitan transitar, mientras que otros impiden los pasos.
El vicepresidente del Observatorio y Contraloría Ciudadana Juan Carlos Stivalet, dijo que están en desacuerdo con los actos que parecieran vandálicos por la quema del coche y la toma de edificios.
Los empresarios piden la intervención del Gobierno Federal para que se puedan erogar por lo menos 15 mil millones de pesos para poder resarcir las deudas.
O en todo caso que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que sean embargadas las propiedades y cuentas bancarias del gobernador interino Javier Duarte de Ochoa para venderlas y pagar los millones de pesos.