Juan David Castilla Arcos / Coatepec, Ver. El exfuncionario estatal Gabriel Deantes Ramos perderá cuatro residencias, en su calidad de imputado por el delito de enriquecimiento ilícito.
Dentro de las medidas cautelares, el juez de Control, Marco Antonio Domínguez Lobato, determinó que fueran embargadas esas propiedades.
También deberá pagar una garantía económica de un millón de pesos, tiene prohibido salir del país y será obligado a presentarse y firmar cada 15 días en el penal de Pacho Viejo.
Deantes Ramos acudió a audiencia en el Juzgado de Control del Distrito Judicial de Xalapa, ubicado en dicho reclusorio, para dar seguimiento a su situación legal.
Es considerado como presunto responsable de un daño patrimonial de 50 millones 38 mil 40 pesos, en el periodo 2011 a 2016.
Tiempo en que figuró como subsecretario de Administración y Finanzas de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), oficial mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) y encargado de la Secretaría del Trabajo, Previsión Social y Productividad (Sefiplan).
El imputado se presentó al juicio oral acompañado de su esposa Laura Saldaña Ramírez y su hermano Gustavo, en calidad de testigos.
En su intervención, culpó a la Contraloría General del Estado (CGE) de negarle presentar sus declaraciones fiscales y patrimoniales.
«Me notificaron apenas 72 horas antes del plazo para entregar la información de cinco años, que no la tenía disponible, entonces no me dieron tiempo suficiente, razón por la cual ya presentamos un juicio administrativo para echar abajo la determinación de la Contraloría, que es el origen de la denuncia en mi contra», externó.
La audiencia inició a las 12 horas. A las dos de la tarde se dio un receso para que al volver se dieran a conocer las medidas cautelares.
El fiscal José Torres Francisco González pidió que se le prohibiera salir del país, que pagara una garantía económica de 5 millones de pesos, embargarle cuatro residencias y que firmara periódicamente.
Medios locales han revelado que el exsecretario del Trabajo posee una mansión en el fraccionamiento Las Animas de Xalapa, valuada en 40 millones de pesos.
El juez de Control, Marco Antonio Domínguez Lobato, analizó la solicitud durante tres horas y media -tiempo que duró el receso-para emitir un resolutivo correspondiente.
El Fiscal solicitó al Juez ampliar la investigación durante un año para agotar los elementos procesales.
Cabe señalar que al iniciar la audiencia de imputación, el exservidor público pidió que la audiencia en la Sala 3 de Juicios Orales fuera privada, para negar el acceso a los medios de comunicación.
También negó entrevistas a los reporteros que los abordaron durante su entrada y salida del recinto judicial.
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