Dice una máxima de la política mexicana que «a mis amigos justicia y gracia, a mis enemigos la ley a secas». No se le ven ganas al gobierno federal y a sus instituciones de aplicar justicia en el estado de Veracruz, donde la misma Auditoría Superior del a Federación ha dicho que se han roto todos los cánones por la rapacidad del gobierno duartista.
El tortuguismo en la aplicación de la justicia en el caso del propio gobernador con licencia, hoy prófugo, ya ha levantado sospechas por la clara injerencia y la cobija protectora de las autoridades. La inhabilitación por 10 años al extesorero Tarek Abdalá sólo es visto por los veracruzanos como una simulación de justicia.
La toma de protesta de una rata de cola grande como lo es Vicente Benítez, exoficial mayor de la SEV, es un recordatorio maternal a todo Veracruz. La Fiscalía General del Estado se ha portado como una verdadera ramera en el caso de Bermúdez Zurita, ahora avienta la pelota para que un juez determine si ha de pisar la cárcel o no.
Y para completar el cuadro, la Contraloría General del Estado asesora, como si fuera un buen cliente, al rufián de Gabriel Deantes. Ni hablar, queda una vez más comprobado que en México las instituciones están envilecidas y se protege al victimario en lugar de a la víctima. Vivimos en el país de la impunidad, donde se legalizan los atropellos en contra del débil y se justifican los despojos que comete el más fuerte.
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