Filiberto Vargas Rodríguez / Alguien perdió la razón.
Lo que en principio era una legítima protesta de alcaldes de diversos puntos de la entidad por la falta de pago del gobierno del estado, de pronto se convirtió en una asonada, en un motín.
La mañana del domingo, cerca de las 11:40 horas, un grupo de aproximadamente 80 ex policías al mando de Gaspar Landa Rodríguez (viejo mando policiaco, quien fuera delegado de Seguridad Pública en diversos puntos de la entidad) tomó el control del acceso a Palacio de Gobierno, por el parque Juárez e instalaron un puesto de control que sirve para impedir el acceso a todo aquel que no tenga la autorización de los alcaldes concentrados en el interior del inmueble.
Esto ya no es una manifestación de protesta, esto es lo más parecido a un golpe de estado.
Sin duda, alguien perdió la razón.
Y es que, en Palacio de Gobierno no están todos los que son… pero tampoco son todos los que están.
Bien reza el dicho que “a río revuelto, ganancia de pescadores” y muchos de los que hoy se desgarran las vestiduras y reclaman pagos pendientes del gobierno estatal, son aquellos que se han dedicado a saquear las arcas municipales y hoy encontraron la tapadera perfecta para sus fechorías.
No son todos, claro está. Los hay quienes han cuidado con rigor el dinero de los veracruzanos y que hoy se enfrentan a la falta de liquidez por el incumplimiento por parte de las autoridades estatales. Su principal temor es que concluya el interinato de Flavino Ríos, y el próximo gobernador no quiera reconocer los pasivos heredados.
Y lo que era un justo reclamo, lo que era una sana negociación entre autoridades estatales y municipales, se convirtió en una pachanga política, en una farsa mediática con la que se pretenden ocultar vicios añejos.
Cada fin de año los presidentes municipales recurren a la tesorería estatal para que los ayuden a cumplir con los compromisos propios de la temporada. Se trata siempre de los mismos alcaldes, los que no supieron -o no quisieron- prepararse para cumplir con pagos que son obligatorios. Hoy encuentran una salida cómoda: ¡Agarren al ladrón! ¡Duarte se lo llevó todo!
Demasiada estridencia que denota otras intenciones, como las de ocultar su propio desaseo.
No han terminado de entender que quien debe es el gobierno del estado, no Javier Duarte, o Flavino Ríos. Será el gobierno estatal, sin importar quién esté al frente, el que cubra los compromisos pendientes.
Miguel Ángel Yunes Linares está en todo su derecho de revisar con mucha atención cada una de las cuentas por pagar. Supone que muchas de ellas son ilegales, que se trata de obras inexistentes, de productos o servicios no entregados. Las auditorías que anunció tienen ese fin: detectar cualquier irregularidad y reducir en lo posible el monto de los pasivos.
Así lo hizo Javier Duarte al inicio de su administración. Con todo y que relevaba a su amigo y maestro Fidel Herrera, se tomó su tiempo para pagar los adeudos heredados, y para ello ordenó una revisión exhaustiva de cada factura, de cada obra, de manera que se saldara lo que era justo.
Es comprensible el nerviosismo de los alcaldes. Ellos a su vez tienen compromisos por cumplir en sus ayuntamientos y así como ellos tomaron el Palacio de Gobierno, es muy probable que a muchos de ellos les tomen los palacios municipales, principalmente a aquellos que fueron dispendiosos, desordenados, que no se prepararon para hacer frente a las obligaciones del cierre de año.
Ya Flavino Ríos explicó que están en espera de los 11 mil millones de pesos que se acordó con la Federación para que llegaran en estos días. Dos mil millones están considerados para cubrir compromisos del mes de octubre, otros tres mil millones para sacar adelante el mes de noviembre, y el resto, seis mil millones de pesos, para que Yunes Linares pueda pagar nóminas, aguinaldos y pensiones del mes de diciembre.
El recurso habrá de llegar. Ese fue el acuerdo con la Secretaría de Hacienda. No llegará en una sola exhibición, pero le irán depositando a las cuentas de Veracruz en forma paulatina, para que cubra sus compromisos.
No es una dádiva de la Federación. Se trata de recursos que se encontraban retenidos porque la administración estatal no había cumplido con las comprobaciones o las aportaciones que le correspondían.
Hacienda aceptó liberarlos y le puso condiciones al gobernador Flavino Ríos, condiciones que se han estado cumpliendo. No hay, pues, de qué preocuparse.
A final de cuentas, lo de Palacio de Gobierno no es otra cosa que una pantomima.
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