Arturo Reyes Isidoro / La lista de nombres es larga.
Funcionarios y ex funcionarios del Gobierno del Estado son hasta ahora presuntos responsables de daño patrimonial por un monto total de 9 mil 231 millones 889 mil 559 pesos.
Eso corresponde sólo a la Cuenta Pública 2015. Aparte están los pendientes de años atrás desde 2012 y la cuenta correspondiente al presente año 2016.
Los presuntos implicados tienen derecho a defenderse y tendrán un plazo perentorio de 45 días para que solventen las observaciones que le hace el Orfis, una vez que sean notificados oficialmente de que les han detectado irregularidades.
Habrá que esperar, pues, para saber quienes tienen elementos para poner a salvo su nombre y su prestigio y quienes resultan responsables del desvío de recursos porque no puedan justificar su inocencia ante las imputaciones que le hacen.
A la espera de los resultados antes de señalar verdaderos culpables, se pueden hacer, sin embargo, consideraciones con base a lo que se tiene hasta el momento.
Es alentador que por primera vez en la historia de Veracruz el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) haya denunciado no sólo irregularidades sino a presuntos responsables, algunos funcionarios y ex funcionarios de alto nivel.
Hasta ahora la característica había sido encubrir a peces gordos y a denunciar y a actuar sólo contra funcionarios menores, por lo que bien se puede afirmar que se ha dado un salto importante en la lucha contra la corrupción y el combate a la impunidad, así como en la exigencia de que haya transparencia en el manejo de la res publica, como llamaban los romanos a la cosa pública.
A muchos de los señalados los conozco, a algunos los he tratado y de otros sólo tengo referencias.
Serán ellos mismos quienes aclaren debidamente su situación y a otros tendrán que ser las autoridades las que les prueben hechos anómalos y les finquen responsabilidades administrativas o penales.
Por eso de algunos, sólo de unos o unas cuantas, sé que están en serios problemas por confiados, porque actuaron sin malicia o de buena fe, porque pensaban que estaban tratando con gente honesta y estamparon su firma en documentos donde nunca lo debieron haber hecho porque no eran quienes iban a manejar directamente recursos en efectivo o materiales. Como comúnmente se dice, se los llevaron al baile porque otros fueron los que se aprovecharon y es posible que queden impunes.
Pero desde 2013 supe que varios de los hoy acusados ya traían problemas porque habían actuado y estaban actuando con deshonestidad, ya fuera porque lo hacían por iniciativa propia o porque se prestaban a hacerlo por órdenes superiores, claro, no sin no sacar jugoso provecho personal. Es decir, muchos para 2015 ya eran verdaderos pájaros de cuenta, y lo sorprendente era que desde la cúpula del poder se les toleraba y acaso hasta se les alentaba a que no bajaran el ritmo en sus pillerías seguramente porque dejaban buenas ganancias a sus patrocinadores sin que éstos se mancharan las manos.
En su momento, a condición de que me lo confiaban y que no era para publicarlo, importantes funcionarios me mostraron tarjetas informativas, documentos, pruebas de muchas y cuantiosas raterías, pero informando de ello a quien debían informar nunca vieron que se actuara o recibieron la orden de que no “movieran” nada, al grado de que terminaron por desencantarse y fueron abandonando la administración. Que yo sepa, guardan gruesos legajos de todas esas pruebas, de las que se llevaron copias seguramente para protegerse ante la circunstancia que se presentara una situación como la que se vive ahora.
Algo que tiene que señalarse y reconocerse es la decisión del Orfis, de su titular Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, por presentar el informe del resultado completo de la Cuenta Pública Consolidada sin maquillarlo y con nombres y apellidos a los que hay que pedir cuentas.
No obstante eso lo están cuestionando y hasta se puede decir que lo hizo presionado, obligado por la investigación que están haciendo las autoridades federales y fiscales sobre ilícitos que tienen que ver con recursos públicos, pero al final lo que cuenta es que lo hizo, que se decidió, porque siendo el sistema político como es, se corren hasta riesgos personales más cuando se afectan intereses como los que ahora están en riesgo.
Ante declaraciones de que buscarán echarlo de su cargo, ha dicho que no se aferra al puesto, lo cual es bueno si se le compara con el Fiscal General del Estado, Luis Ángel Bravo Contreras, quien se resiste a la idea de aceptar irse ante tantos cuestionamientos que le hacen a su trabajo. Por lo pronto, Portilla Vásquez sentó un precedente y ha colocado ya en el banquillo de los acusados a funcionarios y ex funcionarios de todos los niveles, finalmente colaboradores del gobernador Javier Duarte de Ochoa, nombrados por él o con su consentimiento, por lo que al final lo que ha hecho con su informe ha sido exhibir, en general, a toda una administración, a un gobierno que tiene que dar una explicación y rendir cuentas porque los recursos en cuestión son de todos los veracruzanos.
Pero lo que se ha hecho hasta ahora ha sido sólo dar un primer paso. Tiene que seguirse adelante e irse a fondo en el esclarecimiento de las imputaciones para castigar a quienes resulten responsables y hacerlos que reparen el daño que le están causando al estado y a los veracruzanos.
Duarte no llegó a actos ayer
Tenía agendadas dos actividades en el puerto de Veracruz, pero finalmente el gobernador Javier Duarte no llegó y lo representó al Secretario de Gobierno Flavino Ríos Alvarado.
Este viernes tiene programado acompañar al Secretario de la Defensa Nacional, General Salvador Cienfuegos Zepeda, en Pánuco, y hay verdadera expectación por saber si llegará y si hablará con los reporteros.
Ayer su nombre fue la comidilla del día luego de que en la columna “Templo Mayor” del diario Reforma se publicó que en cualquier momento la Procuraduría General de la República podría solicitar su desafuero acusándolo de lavado de dinero.
Extrañamente esta vez no respondió a través de su cuenta de Twitter como suele hacerlo cuando trata de aclarar algún comentario en su contra como los que ha hecho Carlos Loret de Mola. Hasta anoche el pajarito azul no había dicho ni pío.
Si es que hubiera algún señalamiento en su contra por parte de la PGR sería aparte de las peticiones de juicio político que han pedido para él partidos políticos de oposición en la Cámara de Diputados.
Se espera que no haya algún sabadazo o algún domingazo pero Reforma no se hubiera atrevido a tanto si no tuviera algún indicio. Habrá que estar pendientes.
Que la indirecta fue contra Knight
A propósito de los ques de la columna de ayer, varias voces salieron en defensa de la delegada de la Sedesol, Anilú Ingram Vallines, de que la indirecta del diputado federal Cirilo Vázquez Parissi por el uso frecuente de helicópteros para hacer su trabajo no estaba dirigida a ella sino al delegado de la SCT, William Knight Bonifacio.
Que este señor sí abusa del uso de las naves, que no se sabe de dónde las saca y desde las cuales no puede ver el desastroso estado en que están las carreteras federales del estado.
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