Armando Ortiz / En lugar común se convirtió el reclamo de muchos usuarios de los servicios de salud en Veracruz, de que en los hospitales no tenían ni agua destilada para poner inyecciones. Un servidor fue testigo de esto. Para aplicar a un pariente un medicamento, que también tuvimos que comprar, nos hicieron regresar a la farmacia para comprar una botella de agua destilada tan sólo para que le aplicaran a mi familiar una inyección. Por supuesto el resto del agua destilada, pues de la botella que compramos sólo utilizaron la centésima parte, lo dejamos en el hospital para que lo siguieran usando. El caso es que no es que hubiera insuficiencia o desabasto de medicinas, simplemente no había medicinas.
Eso tenía frustrados a muchos doctores que tenían que lidiar con el reclamo de los pacientes, quienes pensaban que eran los médicos los que les negaban el medicamento.
A pesar de ello los Servicios de Salud de Veracruz tuvo siempre grandes negocios con los laboratorios y distribuidores de medicina. Tan es así que algunos de esos distribuidores y laboratorios exigen el pago de los productos que entregaron. La Secretaría de Salud junto con la de Educación es la dependencia que más adeuda a sus proveedores. ¿Pero qué les adeuda, si nunca había medicinas en los hospitales?
En 2011 Sheila Ricalde, presidenta de la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer AC, declaraba que Veracruz ocupaba el primer lugar en incidencia de cáncer infantil; en 2013 los niños del Centro Estatal de Cancerología hicieron una protesta por la falta de medicamentos para combatir esta enfermedad.
Sin embargo, lo que siguió fue en verdad alarmante y criminal. El portal Informaver publicaba el 4 de abril de 2011 que se había descubierto a empresas que vendían a la Secretaría de Salud medicamento pirata para “curar”, entre otros males, el cáncer. En parte la nota decía lo siguiente: “La empresa que vendió medicamento pirata a la Secretaría de Salud se llama Especialidades Médicas del Sureste, SA de CV, cuya representante legal es la señora Mirna del Rosario Díaz pero el verdadero dueño es Andrés Beceiro Delfín, conocido en el medio empresarial y político, propietario de LABSA S. A DE C. V, otro importante proveedor de la Secretaría de Salud en el sexenio anterior”.
Al parecer la empresa de Beceiro vendía un producto que costaba mil pesos la ampolleta, pero que la SSA justificaba en 30 mil pesos por unidad.
Falta una investigación seria sobre el caso. En realidad los administradores de la Secretaría de Salud han sabido mantener el caso alejado de los reflectores, sin embargo es necesaria una investigación exhaustiva para determinar si este monstruoso crimen se llevó a cabo, y si las personas implicadas son responsables de esa monstruosidad.
Imagine por un momento que usted le está aplicando un medicamento a su hijo pensando que eso aliviará su dolor y lo sanará, mientras a sus espaldas, los que hicieron el negocio de su vida, se están riendo de su sufrimiento.
Todo este recordatorio viene al caso, porque se ha descubierto que la Secretaría de Salud ha estado incinerando de manera irregular toneladas de medicamentos supuestamente “caducos”. La orden, señala el portal Al Calor Político, no salió de la oficina de Benítez Obeso, sin embargo en su momento él tendrá que responder por esta acción.
¿No será que están deshaciéndose de la evidencia? A ver, nuevamente, nunca había medicamentos en los hospitales del estado, sin embargo ahora incineran toneladas de medicamento caduco, como si siempre hubieran estado embodegados. Alguien tiene que poner un alto a la incineración e investigar, porque cuando lo quieran hacer, después de esto, no habrá evidencias del crimen que cometieron.
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