Veracruz, segundo lugar nacional por agresiones a periodistas

Segundo Informe trimestral de Artículo 19
- en Carrusel, Estatales

Juan David Castilla Arcos / Xalapa, Ver. Veracruz ocupa el segundo lugar nacional en agresiones contra periodistas, de acuerdo con el segundo informe trimestral de la organización internacional Artículo 19.

En México, es asesinado un periodista cada 26 días. En lo que va del año se han registrado ocho homicidios, cifra que rebasa la del año pasado, cuando ocurrieron siete.

El documento publicado en su sitio oficial, detalla que dos casos son ejecuciones extrajudiciales y que la libertad de prensa sufre retrocesos que transgreden los derechos a la información y libertad de expresión.

Durante el primer semestre del año se documentaron 218 agresiones contra medios y periodistas. De abril a junio, 149; lo que representa un aumento del 115 por ciento respecto al primer trimestre.

Artículo 19 alerta que las agresiones contra periodistas son cada vez más violentas y derivan en situaciones donde se requieren más instrumentos para la defensa, frente a autoridades ineficaces y omisas.

La Ciudad de México es el primer lugar de agresiones contra la prensa durante el primer semestre del año, con 31. Le siguen Veracruz, con 28; Oaxaca, con 27; Guerrero, con 17; y Puebla, con 15.

«La impunidad que penetra a México, particularmente en lo que respecta a las agresiones contra la libertad de expresión, convierte al país en uno de los más letales para la prensa», dijo Ana Ruelas, directora de Artículo 19 Oficina para México y Centroamérica.

Contrario al discurso oficial de las autoridades en el que afirman que la mayoría de las agresiones y violaciones a derechos humanos provienen de la delincuencia organizada, Artículo 19 documentó durante el primer semestre del año 101 agresiones perpetradas por servidores públicos, frente a 7 provenientes de grupos criminales.

«Un aumento de tal magnitud en el número de agresiones sólo se explica por la falta de una política de protección y de acceso a la justicia efectiva, así como a la carente rendición de cuentas del Estado respecto a los responsables de estas agresiones», apuntó la directora.

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