Sabía usted que se erogan muchos miles de pesos para sostener la estructura burocrática de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) en Veracruz, son miles de pesos tirados a la basura. Se suponía que este organismo, pegado a la ubre presupuestal, tendría a la mano un mapa de riesgos para la profesión en la entidad, documento que no sirve en lo absoluto; también se daría seguimiento a las investigaciones ministeriales, que tendría «medidas de reacción inmediata» ante agresiones o amenazas a periodistas, y brindar las condiciones necesarias para fortalecer la capacidad de autoprotección de los comunicadores.
De todo lo que supuestamente se prometió, no hay nada. Los periodistas veracruzanos corren un serio peligro ante grupos fuera de la ley y ante políticos con pocos escrúpulos que se molestan por ser denunciados por verdaderos periodistas.
Y para muestra basta un botón; el titular de la Fiscalía General del Estado, Luis Ángel Bravo Contreras, negó que hayan fallado en las medidas cautelares de protección que habían implantado en el caso de Pedro Tamayo, asesinado en Tierra Blanca, luego de que el periodista diera a conocer que se sentía amenazado por el gobierno actual.
Explicó que la medida de protección para Tamayo Rosas era que una patrulla realizara ciertos rondines en su vivienda en horas determinadas. «Se documentó en el expediente es que sí se generó el rondín, se cumplió con ejercicio de vigilancia, sin embargo, de manera lamentable el evento ocurrió».
Lo que es un hecho evidente es que ni la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas y tampoco la Fiscalía General del Estado están haciendo su trabajo.
Comentarios