Juan David Castilla Arcos / Xalapa, Ver. Mil 600 policías de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), a cargo de Arturo Bermúdez Zurita, han sido capacitados para respetar el ejercicio periodístico en Veracruz; sin embargo, continúan ejerciendo hostigamiento, abusos y agresiones contra reporteros.
El secretario ejecutivo interino de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP), Geiser Manuel Caso Molinari, respaldó a la dependencia estatal y defendió su iniciativa para participar en dicha capacitación.
El entrevistado indicó que la SSP ha sido la dependencia que más capacitación ha recibido al respecto.
«Hemos estado con la Secretaría de Seguridad Pública y hemos logrado capacitar a más de mil 600 elementos en lo que va de este semestre en diferentes zonas, con un esfuerzo interinstitucional para poder llevar a nuestro personal de la CEAPP en materia de libertad de expresión, protocolos en manifestaciones y la sensibilidad del servidor público de decirle a un periodista si es adecuado transmitir o no la información por el nuevo Sistema Penal Acusatorio».
Sin embargo, aún se ha podido observar a elementos de la policía y agentes de tránsito tomar fotografías a los reporteros que dan cobertura a marchas y manifestaciones.
El miembro de la Ceapp comentó que la capacitación se ha llevado a cabo, debido a la firma de un acuerdo entre la Secretaría de Seguridad Pública y la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas.
«Por parte de la Ceapp tenemos incorporados varios a programas preventivos, varios al programa de prevención ordinario o extraordinario, por ejemplo en el programa preventivo tenemos que se han incorporado en este semestre más de 28 periodistas, siendo un total de más de cien periodistas en dicho programa».
Cabe recordar que la CEAPP y la SSP han operado de manera conjunta para evitar que las agresiones cometidas por parte de policías procedan a una denuncia penal.
Personal de la comisión mencionada ha dialogado con los reporteros agraviados en manifestaciones para llegar a un acuerdo económico y resarcir el daño material, a cambio del “perdón” a los servidores públicos.
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