Filiberto Vargas Rodríguez / Desde que se confirmó el triunfo de su acérrimo enemigo, el gobierno de Javier Duarte ha ido dando tumbos. Toma decisiones que más tarde cancela, responde a las amenazas de su enemigo con bravatas, se enfrasca en duelos epistolares que enturbian aún más el ambiente político y mientras todo eso sucede, el gobierno sufre un total abandono.
Ya son pocos los funcionarios del primer nivel que acuden a sus oficinas. No hay nada que hacer, no hay dinero y las antesalas están llenas de acreedores. Ya se agotaron los pretextos, ya no surten efecto las promesas vacías.
Algunos funcionarios han admitido esa parálisis, pero se la atribuyen al propio Gobernador, con quien ya no tienen acuerdos. Nunca está disponible y si llega a concederles audiencia, antes de llegar ante él alguien les advierte que “no le traten nada que tenga que ver con pagos pendientes o con disponibilidad financiera, está cansado de que todos los que lo buscan lo hagan para cobrarle“.
Es como un negocio en ruinas. Ya no hay clientes, si acaso algunos ingenuos cobradores y casi nada de personal. El inmueble luce sucio, pues ya no hay quien haga la limpieza, y en algunos rincones se pueden apreciar telas de araña, sinónimo de abandono.
Un mal final para un mal gobierno.
Inmersos en los temas políticos y financieros de la entidad, quizá pocos han percibido el incremento de los hechos de violencia vinculados a la delincuencia organizada. Salvo casos tan severos como la balacera en el antro Madame de Xalapa o ejecuciones a plena luz del día, pocas son las noticias de este rubro que se cuelan a la zona destacada de los medios de comunicación, o que duran más de un día en las redes sociales.
Aunque parezca ilógico, lo político ha desplazado a lo policiaco en la preferencia del gran auditorio.
Llama la atención, sin embargo, lo que expresa en el periódico El Financiero, el analista Eduardo Guerrero Gutiérrez, quien fuera asesor en la Oficina de la Presidencia de la República, en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) y en la Cámara de Diputados federal, además de ser socio fundador de Lantia Consultores, una firma especializada en asuntos públicos.
Según Guerrero Gutiérrez, en los últimos meses se han roto los equilibrios que mantenían la relativa paz en Veracruz.
En el segundo trimestre de 2016 se registraron 223 ejecuciones en el estado, casi el triple que en el trimestre previo. Con esta cifra, la más elevada desde 2011, Veracruz se ubicó como la tercera entidad más violenta del país, sólo por debajo de Guerrero y Michoacán.
“Este repunte de la violencia no parece explicarse exclusivamente por el arresto de algún líder o por el conflicto en torno a una plaza o una ruta estratégica. Las ejecuciones se han disparado en varios de los principales municipios del estado, incluyendo Coatzacoalcos, Córdoba, Poza Rica, el Puerto de Veracruz y Xalapa“, hace notar el analista.
Y va más allá: Advierte que, por coincidir con la derrota del PRI en la contienda por la gubernatura, esta nueva crisis de violencia bien podría reflejar “una estrategia de los criminales por ocupar posiciones ante el debilitamiento del gobierno estatal“.
Justo lo que comentábamos al inicio del presente comentario. El gobierno luce abandonado y pocos, muy pocos servidores públicos muestran disposición y fuerza de ánimo para trabajar por los veracruzanos, incluyendo los responsables de garantizar la seguridad de los ciudadanos.
Eduardo Gutiérrez concluye su colaboración haciendo un llamado al gobierno federal para que “tome medidas para evitar que la crisis de violencia en Veracruz se profundice“, pues advierte que en la actual coyuntura, donde Javier Duarte parece haber perdido el respaldo del PRI y de actores clave de la clase política del estado, “es muy difícil que su equipo tenga la capacidad o incluso la voluntad para articular una respuesta eficaz ante la crisis“.
Si el gobierno federal actúa -anticipa el analista- todavía podría evitar una situación inmanejable en la tercera entidad más poblada del país. Si no lo hace, la violencia en Veracruz podría convertirse en la crisis que marcara el último tramo del gobierno de Enrique Peña Nieto.
En un tema tan delicado, no es una opción esperar hasta que arribe el nuevo gobierno. O se actúa ya, o nos lleva la… tristeza.
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