De este modo, el llamado paquete de impunidad que pensaron crear estos gobernadores priistas queda detenido, y también se frena de igual modo un posible estallido social por la inconformidad que pudieron ocasionar las disparatadas reformas en los congresos locales y sus notables vicios que presentaron en sus propuestas.
Ahora sólo resta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haga una revisión a las reformas locales y deseche las propuestas de los gobernadores, pero se espera que al igual que en Veracruz y Quintana Roo, César Duarte retire su propuesta de manera voluntaria.
Ni hablar, la huida no es una opción para estos mandatarios corruptos que pensaban salirse con la suya. No les queda de otra que enfrentar las consecuencias de sus actos irresponsables en las instancias correspondientes y con los nuevos gobernadores de oposición que seguramente impulsarán juicios contra sus antecesores, claro, si es que la Federación no les gana el brinco.