Aurelio Contreras Moreno / El pasado 10 de febrero de este mismo año, se publicó en este espacio que Javier Duarte de Ochoa era insostenible como gobernador de Veracruz.
La base de esa afirmación era la ola de violencia que azotaba a diferentes puntos del estado, y que había alcanzado su pico con el secuestro y desaparición de cinco jóvenes en el municipio de Tierra Blanca, y con el plagio y posterior asesinato de la reportera Anabel Flores Salazar.
En aquel entonces, se afirmó en la Rúbrica que “por mucho menos de todo lo que ha pasado en Veracruz durante este sexenio, han caído gobernadores y autoridades de diferentes niveles. (…) El daño que Duarte de Ochoa le hace al estado de Veracruz manteniéndose al frente de la administración estatal es de proporciones gigantescas. Y si eso no les importa a sus protectores en el Gobierno Federal y en la nomenclatura priista, quizás sí les preocupe el lastre que en términos político-electorales les representa en un año donde habrá comicios para renovar gubernaturas, la veracruzana incluida”.
Como fue evidente, lo anterior no les preocupó ni a las autoridades federales ni al PRI. Las consecuencias las conocemos perfectamente.
La debilidad de un gobernante sostenido con alfileres como Javier Duarte ha generado inestabilidad en todos los ámbitos de la vida del estado. Pero tras la derrota del PRI en los comicios del 5 de junio y el “manotazo” presidencial de inicios de esta misma semana para frenar el “blindaje pro corrupción” del todavía mandatario, en el frente de la política se abrió un hoyo negro.
Apenas anunció la Presidencia las acciones de inconstitucionalidad contra el “blindaje”, cuando el ex candidato del PRI a la gubernatura, Héctor Yunes Landa, salió a demandarle a Duarte de Ochoa que pidiera licencia al cargo “por dignidad” y por todo el daño ocasionado al estado.
No tardó mucho en hacer lo propio el gobernador electo Miguel Ángel Yunes Linares, quien también exigió a Duarte separarse del cargo para garantizar una transición pacífica en Veracruz.
Aferrado con uñas y dientes a prolongar sus últimos días en el poder, Javier Duarte ordenó a sus diputados federales, a los alcaldes y a las plumas a sueldo que le quedan a “cerrar filas” en torno suyo y defenderlo de los ataques, arguyendo una supuesta “legitimidad” para su permanencia en el cargo, ya que no hay razones legales, aún, para separarlo del mismo.
Pero sí las hay. Para no ir muy lejos, el 6 de julio pasado el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que Javier Duarte de Ochoa infringió la ley al utilizar su cuenta de Twitter para “la promoción de ese instituto político (el PRI) y su candidato a la Gubernatura del Estado como triunfador en el proceso electoral local, aspecto que no corresponde a las actividades o funciones propias de su cargo como servidor público, sino que favorece al aludido partido político”, por lo cual, ordenó al Tribunal Electoral de Veracruz emitir una nueva resolución en la cual “tenga por acreditadas las respectivas infracciones en que incurrió Javier Duarte de Ochoa, en su calidad de Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz”, con base en el juicio de revisión constitucional electoral interpuesto por el PAN y elaborado por el abogado León Vladimir Hernández Ostos.
El sábado 9 de julio, el Tribunal Electoral de Veracruz acató la sentencia del Tribunal federal y resolvió que sea el Congreso del Estado el que determine la sanción a la que es merecedor el gobernador de Veracruz, que más allá de la gravedad de la pena que se le imponga, se acreditaría como reincidente en la comisión de delitos, pues ya fue castigado en el pasado reciente por infracciones similares.
El artículo 109 de la Constitución General de la República establece que “se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones”, mientras que el artículo 110 señala que los gobernadores podrán ser sujetos de juicio político “por violaciones graves a esta Constitución”.
Asimismo, la Ley General en Materia de Delitos Electorales establece en su Artículo 11 que se impondrán de 200 a 400 días de multa, y prisión de dos a nueve años, al servidor público que “destine, utilice o permita la utilización de manera ilegal de fondos, bienes o servicios que tenga a su disposición, en virtud de su cargo, al apoyo o al perjuicio de un precandidato, partido político, coalición, agrupación política o candidato, sin perjuicio de las penas que puedan corresponder por el delito de peculado”; y que “proporcione apoyo o preste algún servicio a un precandidato, partido político, coalición, agrupación política o candidato, sea que lo haga por sí mismo o a través de sus subordinados, en sus horarios de labores”.
Ahora con más razón que a principios de año, Javier Duarte es insostenible. Y su permanencia en el poder, inviable.
Comentarios