Armando Ortiz / Es absurdo imponer una ley para que los hijos quieran a los padres, o una ley para que los padres quieran a los hijos. Esa “ley” se va dando de manera natural, con el cariño y la convivencia, con el ejemplo de los padres y la correspondencia de los hijos. Una ley que obligara a los hijos a querer a los padres sólo estorbaría, una ley que sancionara a los hijos por no querer a los padres sólo sería opresiva y las familias que no hayan logrado ese afecto y convivencia entre ellos sólo la usarían para dañar al otro.
Hay una ley que obliga a los esposos a ser fieles a sus esposas: “Se aplicará prisión hasta de dos años y privación de derechos civiles hasta por seis años, a los culpables de adulterio cometido en el domicilio conyugal o con escándalo”. ¿Ha evitado esta ley que los cónyuges se mantengan unidos? ¿Ha evitado esta ley que los hombres busquen otra mujer o que las mujeres busquen otro hombre? ¿Ha mantenido vigente esta ley el vínculo familiar hasta hacerlo irrompible?
Decía Marguerite Yourcenar en ese estupendo documento literario titulado Memorias de Adriano: “Tengo que confesar que creo poco en las leyes. Si son demasiado duras, se las transgrede con razón. Si son demasiado complicadas, el ingenio humano encuentra fácilmente el modo de deslizarse entre las mallas de esa red tan frágil”.
La ley 3 de 3 que tanto han pregonado los “justos”, diputados, aquellos que quieren volver nítida y transparente la función pública se vuelve absurda ante el hecho de que el contenido de las leyes que la sostienen debería bastar para que los servidores públicos no se corrompieran. Hay una Ley de Responsabilidades para los Servidores Públicos que si se aplicara sería más que suficiente para que el 80% de la corrupción en nuestros funcionarios se terminara. Pero no se aplica. Se permite el tráfico de influencias, aunque ahí está muy especificado en que momento el funcionario está actuando indebidamente. Las sanciones son de risa y sólo la voluntad del gobernante logra que se aplique de vez en cuando.
Una ley que obligue a los diputados, senadores, alcaldes, gobernadores, presidentes de la República y cualquier funcionario público a ser honesto es el colmo del absurdo. Porque en esencia ellos deberían ser honestos; se supone que los elegimos o fueron designados por su honestidad, por su honradez.
Sobra una ley 3 de 3, en un país donde el presidente de la República se vio exonerado por uno de sus empleados en una investigación sobre tráfico de influencias. Las pruebas que se presentaron en contra de Peña Nieto fueron más que evidencia, fueron la realidad contundente de una práctica que se ha venido desarrollando desde hace muchos sexenios. Le regalaron, aunque ellos utilicen el eufemismo de “vendieron”, una casa al titular del Ejecutivo, los empresarios que se vieron beneficiados con contratos millonarios de obra pública. Muy bien, vamos a pensar que no se la regalaron, sino que se la vendieron, hasta eso es sancionable. La Ley de Responsabilidades para Servidores Públicos deja muy claro que no puede haber trato comercial (compra o venta) entre un funcionario que es responsable de otorgar contratos, y un empresario que recibe esos contratos.
Si las leyes de este país no consiguieron alcanzar al presidente de la República, leyes que fueron manipuladas para que no lo alcanzaran, ¿cómo pretenden crear otras leyes que de la misma manera serán manipuladas para que no logren alcanzar a los transgresores? Recuerden, las leyes, “si son demasiado duras, se las transgrede con razón. Si son demasiado complicadas, el ingenio humano encuentra fácilmente el modo de deslizarse entre las mallas de esa red tan frágil”.
De modo que no hay que rasgarse las vestiduras porque algunos senadores no votaron a favor de la famosa ley 3 de 3; uno en particular no votó a favor porque entiende que en esencia esta ley está dispuesta al fracaso. Ya algunos legisladores y funcionarios públicos están pensando en ampararse para que esa ley absurda no sea aplicada en sus casos.
En este país nadie rompe las leyes hasta que los descubren. Ese es el objetivo de un transgresor, evitar que su infracción sea descubierta. Por eso se envalentonan los gobernadores y sus funcionarios públicos y hasta pregonan con cinismo y descaro: “¡Que me lo compruebe!”. Porque en este país se puede transgredir la ley y salir impune, si a pesar de lo evidente, no se logra comprobar el delito.
Postdata 1: Fiscal Anticorrupción, ni la burla perdonan
Luego está eso del Fiscal Anticorrupción que al menos en Veracruz se busca poner a un sujeto corrupto antes que a una persona proba. Dos de los nombres que se han mencionado, Gabriel Deantes y Jorge Reyes Peralta son el epítome del compromiso con la corrupción.
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