Sabino Cruz V. / El 28 de noviembre de 1996 el gobernador Patricio Chirinos Calero, mediante la Ley 25 daba inicio a la autonomía de gestión de la Universidad Veracruzana. Autonomía que la facultaba “para gobernarse a sí misma y realizará sus fines de conservar, crear y transmitir la cultura, a través de las funciones de docencia, investigación, difusión y extensión, respetando las libertades de cátedra, de investigación y de libre examen y discusión de las ideas…” (Art. 68, inciso f); pero principalmente para designar, a través de la Junta de Gobierno, al Rector (a) -por un periodo de 4 años, más una única reelección por los mismos años-, además del control de la aplicación de los recursos de la Universidad.
De Emilio Gidi Villareal a Sara Ladrón de Guevara, ha caído la responsabilidad de negociar “Las aportaciones ordinarias que otorguen en forma concurrente el Gobierno federal y el Gobierno del estado; mismas que serán determinadas en el convenio que anualmente suscriban, con la participación de la Universidad Veracruzana, en términos de lo dispuesto por los artículos 21, 23, 24, 25, 26 y 27 de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior. (Quinto Transitorio, Fracc. I).
Los dos rectores que anteceden a Sara Ladrón de Guevara González, quizás por su filiación priista o por ser muy institucionales, al parecer no tuvieron problema alguno con la aportación convenida con el gobernante en turno. Tanta era la cercanía con el “Poder”, que Víctor Arredondo Álvarez fue secretario de educación de Fidel Herrera Beltrán y Raúl Arias Lovillo quizás busque lo mismo con Héctor Yunes Landa. Lo cual ponía en duda la autonomía de la veracruzana, pues dejaba entrever la mano del gobernante en la elección del Rector. Situación muy distinta con la actual Rectora que marca distancia con el gobernador Duarte de Ochoa.
La denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) en contra de la administración estatal por supuesto desvío de recursos, actos de corrupción y por el adeudo de dos mil 842.3 millones de pesos, más el amague de un paro general de labores, son medidas drásticas que sientan precedente en la Educación Superior del País. Acto audaz, pues de no obtenerse los resultados esperados, deja a la Universidad en un gran dilema: o acepta lo que el gobierno esté en posibilidad de dar o se paran todas las actividades en espera de que la Federación intervenga.
El punto de insolvencia presupuestaria en el que se encuentra en estos momentos la Máxima Casa de Estudios, además de ser propicia para gestionar la “Autonomía Presupuestaría” mayor/igual al 3% del Presupuesto General del Estado que propuso el gobernador, también debería servir para realizar una profunda reingeniería, analizar y, en su caso, hacer los ajustes necesarios en algunas dependencias, áreas e incluso de personal.
Sirva de ejemplo, para argumentar lo arriba señalado, la plantilla de 589 investigadores “Titular C” y el egreso mensual aproximado de 13 millones de pesos (entre remuneración neta y estímulo). Grupo privilegiado de la UV, pero que tienen uno de los más bajos registros de patentes a nivel nacional, así como la más baja productividad, medida por el número de reconocimientos y premios nacionales/internacionales que se reciban anualmente.
Investigadores como Cándido Navarro Ramírez que recibe mensualmente $ 84,261.85 por investigar en la Secretaria de Finanzas y Administración; Rubén Bernardo Morantes López (ex director del Museo de Antropología) $ 82,591.26; Claudia Elisa Gidi Blanchet $ 46,922.57, más más 8,694.64; Julio César Eloss Moctezuma (antropólogo y ex director de Difusión Cultural) $ 16,395.63; Román Güemes Jiménez (etnomusicólogo especialista en son huasteco) $ 62,048.69;
Mayra Ledesma Arronte (socióloga y activa promotora del paro de labores) $ 13,016.46; Rodolfo “Popo” Sánchez Vega (ex director de la Orquesta Universitaria de Música Popular) $ 11,852.46, son una muestra de los millones que mensualmente debe erogar la veracruzana.
Gasto sin que conozca el beneficio social que generen, que deja en claro que la investigación científica, social, económica, artística y/o literaria no es de las fortalezas de la Universidad. Aunado a que muchos de los investigadores rechazan abiertamente impartir clases.
Otro departamento que debería ser sometido a escrutinio es el de Cinematografía, a cargo de Ricardo Benet, pues la Universidad lleva varias décadas sin producir un corto o largo metraje. Hoy esta oficina solo exhibe ciclos de cine en el Aula Clavijero y es sede de la Muestra Nacional de Cine. En la mismo estado se encuentra la Dirección de Difusión Cultural, bajo la administración de la ex directora del IVEC, María Esther del C. Hernández Palacios Mirón, que solo difunde las actividades artísticas en las facultades de Xalapa o el Auditorio del Museo de Antropología. Actividades que no justifica la dirección de grupos artísticos a cargo de Eduardo Soto Millán.
COMENTRIO BREVE
El inexplicablemente marginado por las autoridades de cultura, premio nacional de artes y literatura, nativo de San Andrés Tuxtla, poeta Francisco Hernández, presenta este viernes 21 su poemario Odioso caballo (Almadía, 2016), en el que hace una denuncia a la barbarie y la violencia que se vive en México. Texto que no estaría mal que el mismo poeta lo presentará en el Estado, pues muchas de sus rimas se gestaron en tierra veracruzana.
Revuelo causo en las redes sociales el comentario que hiciera sobre la necesidad de rescatar las virtudes Justicia, Fortaleza y Prudencia del escultor xalapeño Enrique Guerra. Desde este espacio reitero el llamado a las autoridades municipales o del Estado a que hagan una intervención profunda a uno de los tesoros culturales más valiosos de Veracruz.
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