Francisco Licona / Preocuparse por lo que se ve y duele está bien; preocuparse de más por ello y tender toda una cortina de humo para que no se vea lo que no se quiere ver, es condenable; pero minimizar lo que no se ha estudiado ni evaluado, es execrable.
La verdadera tragedia de Pajaritos podría no ser solo lo que hasta ahora ha causado dolor humano y social, sino lo que pueda venir más adelante. Los residuos químicos derramados y esparcidos al ambiente debido a la fuerte explosión ocurrida en la Petroquímica Clorados III de Pajaritos en algún lugar van a caer. Cierto, los gases se dispersaron, pero… ¿A poco no llegarán a algún lado?
Para empezar, Antonio Carrillo, Director de la empresa Clorados III, Mexichem, ha negado olímpicamente haber recibido información alguna sobre fallas o fugas en el complejo, pero algo les falló y deben responder por ello. Todas las empresas de este tipo tienen riesgos calculados y para ello se obligan a instalar mecanismos de mantenimiento, prevención, alerta y atención de emergencias. ¿Los cumplieron? Eso es lo que se debe investigar.
Pero hay otro punto aún más importante ¿Las pérdidas de vidas humanas por el efecto directo de la explosión serán el único daño? ¿Y los daños secundarios? ¿Qué nos dicen de los químicos que a estas horas estarán como partículas suspendidas flotando sabrá Dios dónde y, tal vez, siendo aspirados por Usted? ¿A qué perjuicios futuros quedará expuesta la población de Veracruz -o de los estados vecinos- o hacia donde hayan corrido los vientos? Si un químico tiene un tiempo de degradación de segundos, vaya, respiraremos tranquilos, pero esas sustancias estarán flotando un tiempo sin que se informe qué pasará cuando estos bajen. Lo que dirán, si es que dicen algo, seguramente no pasará de un Mejoralito anímico en el sentido de “las partículas son tan pequeñas que no representan riesgos a la población”. ¿Será?
Lilia América Albert, coautora del libro “México tóxico: Emergencias Químicas”, toda una autoridad en la materia, afirma que la negligencia, colusión y corrupción, son las constantes en las emergencias por accidentes químicos en el país. Y es que las autoridades y los empresarios se coluden para ocultar los verdaderos efectos químicos de los accidentes. “Esta es la hora, dice Lilia América -con total razón- que no hay un análisis independiente de la empresa que dictamine el peligro de las sustancias fugadas o derramadas… Es la hora que no sabemos a qué estuvo expuesta la gente”, sentencia la experta en tóxicos.
Para ejemplificar mejor lo que dice, nos pone un ejemplo muy práctico, casi como si nos lo explicara palitos de paletas: ¿Cuáles fueron los efectos y daños directos de la explosión de la fábrica de pesticidas y fertilizantes “Agricultura Nacional de Veracruz (Anaversa)” en Córdoba en 1991? De los datos y efectos directos, muy pocos se acordarán; pero de los indirectos, de los posteriores, los que no quisieron ver ni reconocer las autoridades coludidas… ¡De esos sí! Porque aún andan por ahí mutando sus secuelas.
Da pena que lo que acaba de suceder en Pajaritos, todo parecemos más preocupados por los temas que dispersan el real problema. La tragedia cobró vidas, y la prensa está enfocada en la desgracia del momento, pero no prospectamos, parece que ni por equivocación nos preocupamos por los daños futuros. Solo basta recordar los casos de Anaversa o el de la Azufrera de Jáltipan, que dejó restos a la intemperie que causaron severos daños a los habitantes de la región. U otros ejemplos que deben ser tomados en su justa dimensión como la explosión de El Chichonal, o la tragedia de Chernóbil. ¿Acaso no recuerda aquellos datos de terror que hablaban que los gases radioactivos de Chernóbil le habrían de dar la vuelta al mundo varias veces? ¿No recuerda las casas veracruzanas con capas de ceniza de varios centímetros de espesor, cuando el volcán de Chiapas hizo erupción? ¿Quién nos asegura que la epidemia renal de Tierra Blanca no es producto de algún evento químico que al no haber ganado reflectores por no haber habido muertos directos, no es producto de los daños secundarios? Hasta la fecha nadie sabe por qué en esa localidad de Veracruz hay 10 veces mayor incidencia de enfermos renales que en el resto del país.
Todos esos son pasivos ambientales que han sido olvidados, negociados y solapados por autoridades y políticos que se han hecho de la vista gorda para su beneficio político y económico. ¡Esos! Esos que han lucrado con la salud a cambio de dinero ¡Le han vendido su alma al Diablo!
Los médicos de la zona tal vez no sepan los daños que provocarán a la salud las sustancias liberadas en Clorados III. Pero sí debe haber ya estudios al respecto, y la empresa Mexichem y el Gobierno Federal los deben conocer, no por nada firmaron un contrato de Asociación Público-Privada (APP) en el que la premisa es “compartir riesgos”.
Solo con decisión y exposición en los medios es como las autoridades toman cartas en el asunto. Recordemos el desastre de la mina Buenavista del Cobre, en Cananea, Sonora, perteneciente al Grupo México; cuyo dueño, Germán Larrea, es el tercer hombre más rico del país. Esa descarga de lixiviados mineros con arsénico, níquel, fierro, cobre, cadmio, manganeso y aluminio, pusieron en riesgo a por lo menos 22 mil personas que habitaban en 7 municipios aledaños a los ríos Sonora y Bacanuchi: San Felipe, Arizpe, Aconchi, Banamichi, Ures, Baviácora y Hermosillo.
Fue gracias a la exposición en la prensa que se le dio prioridad al caso, pues de no haber sido así, tal vez nos habríamos llevado muchas sorpresas, o hubiera habido efectos que jamás se hubieran atendido de no conocerse, estudiarse, analizarse y evaluarse.
Hablar ahora de retirar la “concesión” o terminar el contrato APP ¿Tiene sentido? ¡Claro que lo tiene! Sólo cuestionando fue que se pudo sentenciar a la empresa “Grupo México” a remediar, reparar y/o compensar los daños ambientales y a la salud que ocasionó el derrame tóxico en los ríos Sonora y Bacanuchí.
Desde luego, en Veracruz, encumbrados políticos están “sumamente preocupados” por lo que ha pasado en Pajaritos y la mayoría de ellos aseguran que de confirmarse negligencia en la explosión, se le debe retirar la concesión a la empresa y se le debe fincar responsabilidad penal a quien resulte responsable.
Estas declaraciones se aplauden, pero desafortunadamente servirán más como tema político que para compensar el daño social o para remediar el daño ecológico que se haya podido provocar. Lo que “exigen” los políticos es pura retórica. Aquí estamos frente a un delito, ya sea por omisión o acción. No se pueden prever los accidentes, pero los accidentes no pasan cuando todo el sistema de seguridad es perfecto.
En estos días, aparte de la agenda de riesgos, no dude Usted que la otra agenda -en la que realmente estarán preocupados Federación y Mexichem-, la económica, es la que les quita el sueño. Las cuentas y los números se deberán estar calculando ‘¿Cuánto le damos a los familiares de los fallecidos, cuánto a los lesionados, cuánto a los amputados, los quemados, cuánto a los que se les rompieron los vidrios de sus negocios, cuánto le metemos de regalo al Gobierno de Veracruz en asfalto, cuántas carreteras les hacemos, cuántas clínicas equipamos, cuántos cursos de protección civil pagamos, cuánto le invertimos publicidad positiva… cuánto, cuánto? Ese es el tema que seguramente les está quitando el sueño: ¿Cuánto pagamos para que se queden tranquilos todos?
Si todo se traduce en la contención inmediata a la salud, seguro entonces estaremos ante la “colusión y corrupción” de la que habla la experta Lilia América Albert.
Esta desgracia de Pajaritos pone a pensar: ¿Realmente los Ayuntamientos de Emiliano Zapata, Xalapa y Coatepec, estarán pensando bien el tema del Gasoducto? ¿El Gobierno del Estado está dispuesto permitir que miles de toneladas de gas fluyan bajo nuestros pies, bajo su pie, bajo nuestros hijos?
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