Se llama “desvío de recursos”

Filiberto Vargas Rodríguez / No nos hagamos tontos.

La Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos establece, en su Artículo 47, fracción III, que todo aquel que maneje fondos del orden federal está obligado a utilizar los recursos que tenga asignados para el desempeño de su empleo, cargo o comisión, “exclusivamente para los fines a que están afectos”.

Javier Duarte juega con las palabras y pretende evadir su responsabilidad. Cuando asegura que “no se ha empleado un sólo peso fuera de las actividades propias de la gestión del gobierno”, no está aclarando que en muchas ocasiones ha tomado dinero enviado por la autoridad federal para un fin, y lo ha ocupado para otro. Eso se llama desvío de recursos.

Desde 2012 el auditor superior de la federación advertía sobre esa práctica que ya se estaba haciendo común entre los servidores públicos. En aquel entonces el auditor identificó como principal error en la Ley la ausencia de plazos para la ejecución de los fondos.

Puso como ejemplo el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica (FAEB), el cual a su parecer debería gastarse el mismo año para el que fue aprobado y no posteriormente, como sucede en la actualidad. “El dinero queda sin devolverse y se usa para otras cosas hasta que llega la auditoría y se pide que se reintegre a la hacienda pública”, explicó.

En esa ocasión el auditor superior aseguró que la mayoría de las observaciones que realiza es por el uso de recursos federales para otros fines que no están autorizados en las reglas de operación.

A final de cuentas, aunque con argucias legales el gobierno estatal solvente las observaciones que le hace la Auditoría Superior de la Federación, lo cierto es que se está incurriendo de forma sistemática en una mala práctica administrativa.

El propio contralor general del estado, Ricardo García Guzmán, admitió apenas la semana pasada que dio inicio a 33 procesos disciplinarios administrativos, en contra de servidores públicos “por su probable responsabilidad en omisiones que derivaron en las observaciones de la Auditoria Superior de la Federación”.

No es normal que Veracruz esté a la cabeza a nivel nacional por el número de observaciones que le hace la Auditoría Superior de la Federación y por el monto del probable daño patrimonial que eso representa. Algo está fallando en la operación financiera del estado de Veracruz, justo en el rubro en el que se supone que Javier Duarte es un experto.

Es válido suponer que en gran medida el golpeteo mediático al Gobernador tenga una motivación electorera, pero no por ello se deben descalificar todos los señalamientos que se le hacen. En esta entidad cada año hay elecciones y sería irresponsable atribuir todas las críticas a ese factor, sin ponerse a revisar si en realidad se están cometiendo fallas graves en la administración pública.

Dicen que una expresión común de Javier Duarte es que en la política se viven de forma simultánea dos escenarios, el de la vida real, y el de las percepciones. Una cosa es lo que se hace, y otra lo que asume la sociedad. Las redes sociales juegan un papel fundamental en el segundo de los escenarios.

Lo que no es un tema de percepciones, es la severa crisis financiera que enfrenta Veracruz. Cuando se le debe a proveedores, a estudiantes, a pensionados, a organismos autónomos, a los ayuntamientos, al SAT, al ISSSTE, al IMSS, al Infonavit, a los medios de comunicación y a productores del campo, entre muchos otros casos, es que las cosas no están bien.

Los veracruzanos no pueden esperar al juicio de la historia. Quieren ver resultados ahora. Y a eso está obligado el Gobernador de Veracruz.