Filiberto Vargas Rodríguez / Inicia una semana decisiva en el ámbito político para Veracruz.
Llegó el momento de las definiciones y el Gobernador Javier Duarte habrá de mover sus piezas para tratar de influir en la decisión del candidato priista para sucederlo.
Lo que se sabe hasta ahora es que no irá con ninguno de los senadores, empujará –y muy fuerte- a uno de sus delfines, con el afán de que para el momento en que desde el centro se tome la decisión, aparezca bien colocado en las encuestas.
Pero los senadores, José y Héctor Yunes, tienen sus propios planes. Siguen recorriendo la entidad, sostienen reuniones con diversos grupos y se fortalecen manteniendo su distancia del mandatario estatal.
En la capital del país, el dirigente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones, anunció que este lunes dará a conocer a su equipo de trabajo y adelantó que recorrerán el país –él y los miembros de su planilla- “para escuchar a los aspirantes y tomar nota de su fama pública y aceptación entre la población”.
Esto es, que no se tomarán decisiones basadas en la frialdad de las cifras plasmadas en un papel. Acudirán a las entidades donde habrá elecciones para medir el ambiente y hacerse de la información necesaria para tomar la mejor decisión.
Mientras tanto en Veracruz, el mandatario estatal parece empeñado en darles a los senadores priistas los argumentos que necesitan para deslindarse de su gobierno.
Ya no se trata sólo del chiste de la caña de pescar (sobre la que Héctor Yunes insiste que no se trató de una pantomima, pero admite que el incidente lo subió en las encuestas). Ahora el tema es la imposición, en el Congreso local, del aumento al impuesto a la nómina, de dos a tres por ciento.
Los senadores no critican la pertinencia de dicho aumento, que ya se ha aplicado en otras entidades, sino la percepción de que los recursos que este incremento genere, irán a parar al bolsillo de algunos vivales de la política estatal o, en el mejor de los casos, serán utilizados para pagar a proveedores y contratistas, pero en ningún momento se reflejarán en obras y acciones de la actual administración estatal. Se trata, pues, de abrir un hoyo para tapar otro.
Héctor Yunes ha perfilado sus cañones contra el fiscal general del estado, Luis Ángel Bravo, a quien señala de funcionar como el ejecutor de persecuciones políticas, como las investigaciones ministeriales que se han abierto contra el alcalde de Boca del Río, Miguel Ángel Yunes Márquez, y el diputado local independiente, Renato Tronco.
En opinión de Yunes Landa, esos dos casos demuestras que se procura la justicia de forma selectiva, a partir de criterios políticos.
José Yunes, por su parte, ha externado su opinión respecto al incremento del impuesto a la nómina y sugiere que lo prioritario ahora es exhortar al Gobernador a que controle el gasto público, que concrete su plan de austeridad y que transparente el uso de los recursos que se han obtenido con ese y otros gravámenes.
Llamó al Gobierno del Estado a hacer un esfuerzo administrativo, evitar gastos superfluos, instrumentar una política de austeridad, generar una reingeniería administrativa que provoque economías y posteriormente hacer más eficiente el gasto público.
Las cartas están sobre la mesa.
El candidato del gobernador debe entender que no pasará si no consigue que cedan su lugar los senadores, mientras que estos deben tener claro también que es importante para sus aspiraciones contar con la estructura y la capacidad de operación electoral de Javier Duarte.
O se ponen de acuerdo, o dejan pasar a la oposición.
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