Juan David Castilla / Xalapa, Ver. Tamseros protestaron frente a Palacio de Gobierno para continuar exigiendo la revocación de cinco órdenes de aprehensión giradas en 2012 contra empleados que participaron en la toma de la extienda Tamsa, ubicada en la avenida Salvador Díaz Mirón esquina Simón Bolívar, del puerto de Veracruz.
De acuerdo con el líder del Sindicato Nacional Unidad y Progreso de Tamsa, José Carlos Guevara Moreno, están inculpando a sus compañeros.
«Nos fabricaron las cinco órdenes de aprehensión, ni siquiera hicieron la investigación. Esto ocurrió el 12 de noviembre de 2012. Fuimos a la tienda Tamsa a pedirle cuentas al líder corrupto (Pascual Lagunes) de lo que era nuestra propiedad, llevábamos facturado la extienda, pero anda usufructuando y haciendo lo que quiere».
Los trabajadores fueron acusados de robo y despojo en la extienda de la empresa, de talla internacional.
Se trata de Manuel García García, Apolinar García García, Miguel Murillo Tecalco, José Carlos Guevara Moreno y Bartolo Guevara Malpica.
«Obreros a la cárcel no», podía leerse en sus pancartas, mismas que fueron levantadas sobre Plaza Sebastián Lerdo de Tejada, también llamada Plaza Regina Martínez por el gremio periodístico, en exigencia de justicia para los 14 reporteros asesinados durante esta administración estatal.
Indicaron que la Agencia del Ministerio Público de Veracruz integró de manera arbitraria la averiguación previa.
Recordaron el caso de Manuel García García, a quien se le acusa de despojo y robo agravado.
«Pero Manuel García estuvo recluido el 12 y 13 de noviembre en los separos que se encuentran en la base de la Policía Ministerial. En esas fechas también 54 trabajadores de Tamsa fueron acusados bajo la misma causa pero a quienes ya les fueron retiradas las órdenes de aprehensión indicando que todas estas acciones son para beneficiar al todopoderoso, líder charro Pascual Lagunes Ochoa», indicó el líder sindical.
Los inconformes arribaron a la capital del estado durante la mañana del lunes y amagaron con permanecer en el lugar hasta que el Gobierno estatal emita una respuesta favorable.