«¡Más rápido cae un hablador que un cojo!»
dicho popular
No hubo que esperar mucho por la respuesta de la Auditoria Superior de la Federación que este fin de semana ratifica que en Veracruz, el gobierno del Estado desvió recursos “a rubros para los que no habían sido etiquetados.
Y no solo eso, acusa a Veracruz de simulación en la reintegración de los dineros federales.
Sostiene además que sí hay denuncias interpuestas ante la PGR y que “estamos hablando de “irregularidades en las cuentas públicas del 2008 al 2011, es decir que abarcan los sexenios de Fidel Herrera y Javier Duarte.
Ello más lo que se acumule al quedar listas las cuentas, también con registro de irregularidades, correspondientes a 2012, 2013 y 2014.
El pasado 22 de junio, lunes, en horas de la mañana el gobernador Javier Duarte desde el Salón de Banderas de Palacio de Gobierno en una conferencia de prensa donde no se permitieron preguntas a la prensa, estatal aclaro que “en las denuncias de hechos que la PGR turnó a la Fiscalía General del Estado, nunca hubo órdenes de aprehensión contra funcionarios de su gobierno”.
Dijo que esos señalamientos en específico, “fueron ataques mediáticos, para generar ventajas a favor de algunas corrientes políticas y de manera específica de alguna candidatura”.
Y prácticamente exoneró a Edgar Spinoso , Adolfo Mota, y Tareck Abdala. Así como al exauditor del Órgano de Fiscalización y extitular de Sefiplan, Mauricio Audirac; el extesorero y actual secretario de Infraestructura y Obras Públicas, Tomás Ruiz González, y al ex operador político priista y actual secretario del Trabajo y Previsión Gabriel Deantes.
Pero no se quedó ahí.
Sostuvo que los trabajos coordinados de investigación entre la PGR y de la FGE, permitieron concluir que los recursos federales “fueron programados, calendarizados, y distribuidos conforme a un presupuesto original, más las ampliaciones del mismo”.
Y que “en relación a los recursos federales correspondientes al Seguro Popular de los ejercicios 2009, 2010 y 2011, que ascienden a la cantidad de 2 mil 104 millones 886 mil pesos, fueron aplicados y comprobados satisfactoriamente en los términos de la normatividad correspondiente”.
La Auditoria Superior de la Federación (ASF), sin embargo opina lo contrario.
Y no solo eso, ratifica que denunció penalmente a ocho gobiernos estatales, entre ellos Veracruz, “que simularon reintegrar recursos federales que habían desviado a rubros para los que no habían sido etiquetados”, según reporta el diario Reforma en su edición de este sábado.
Los estados que fueron denunciados ante la Procuraduría General de la República son Veracruz, con 15 denuncias; Michoacán, 11; Guerrero, 8; Colima, 7; Oaxaca, 5; Chiapas, 4; Tabasco, 3, y Tlaxcala, 2.
La ASF asegura que el monto total de los recursos desviados asciende a los 8 mil millones de pesos y corresponden a los fondos de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) y de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), entre otros.
El gobernador Javier Duarte sostuvo lo contrario ese 22 de junio. Y de hecho solo adelantó sanciones administrativas que muchos consideraron un “esquinazo” o un ataque legal… pero a “ puros charales”, ya que los “peces gordos” siguen en la impunidad.
Así pues la ASF, revela que después de que el órgano fiscalizador hacia las observaciones respecto al manejo irregular de los fondos, los gobiernos estatales depositaban los recursos señalados a una cuenta indicada por la Auditoria.
Posteriormente, mostraban el comprobante del reintegro y una vez que la ASF daba por cumplida la observación, los gobiernos estatales sacaban los recursos y les daban otro destino, sin que se supiera hasta el momento su destino final.
La ASF se percató de toda esta burleta de las irregularidades al dar seguimiento de observaciones a las cuentas públicas de los años 2008, 2009, 2010 y 2011.
Es por ello que en tiempo y forma solicitó a los gobiernos estatales, entre ellos Veracruz, que informaran sobre el empleo de los recursos, y donde las 8 entidades mencionadas no pudieron comprobar que efectivamente usaron los recursos a los programas destinados, sumado a que dieron a conocer que el dinero ya no estaba en sus arcas.
Consecuentemente será la PGR, según la Auditoría Superior de la Federación, la que determinará qué tipo de delito es el que se configura y quiénes son los responsables de haberlo cometido.
Con lo anterior queda claro que la versión del gobernador Javier Duarte de Ochoa fue sesgada justo una semana después de las elecciones federales.
Y es que las denuncias si existen pero fueron desechadas o cambiadas por falsedades por el mandatario, al igual que el hecho de que no había ningún problema con los desvíos de recursos que señaló la misma Auditoría Superior de la Federación.
La verdad al final del día cayó por su propio peso.
Tiempo al tiempo.
