Aurelio Contreras Moreno / La tarde del pasado miércoles 2 de diciembre, el gobernador Javier Duarte de Ochoa anunció en su red social Twitter que el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) había aprobado la reestructuración de la deuda bancaria del estado, con lo cual se tendrá “mayor liquidez” en la entidad.
Esto como consecuencia de la aprobación por parte de la LXIII Legislatura del Estado de la contratación de nuevos financiamientos por más de 30 mil millones de pesos con los cuales el gobierno de Veracruz, supuestamente, cubriría la “deuda heredada” de la anterior administración, en la cual, huelga decirlo, Javier Duarte se desempeñó como subsecretario y como secretario de Finanzas y Planeación.
De la aprobación de la reestructura –que como señalamos en una entrega anterior, no es más que contratar deuda nueva para pagar deuda vieja– al parecer solo tuvo conocimiento el gobernador de Veracruz, porque ni Banobras ni alguna otra instancia reportaron información al respecto ni se han especificado los términos en que se habría autorizado la renegociación.
Lo que sí es cierto es que, coincidentemente, esto sale a la luz en medio de otro anuncio, éste de parte de los alcaldes de Acción Nacional, en el sentido de que denunciarán al gobierno de Veracruz por la retención ilegal de los recursos que les corresponden de las participaciones federales, una más de las (malas) prácticas recurrentes de la actual administración estatal, que como dijera un dirigente empresarial, es experta en “jinetear” el dinero.
El caso es que la liquidez no se ve por ningún lado. Mientras todos los días inconformes toman las instalaciones de la Secretaría de Finanzas y Planeación en demanda de sus pagos, en el centro de la capital veracruzana un día protestan los jubilados y pensionados, otro día los alcaldes del Partido de la Revolución Democrática (los que no se han dejado cooptar por el gobierno y el dirigente del PRI y delfín duartista Alberto Silva), y al otro alguno de los centenares de acreedores de esta administración, por la misma razón: no les pagan.
Ante las airadas demandas de los ediles panistas y perredistas –los que lograron llegar a Xalapa, pues a varios que venían de la zona norte este jueves los detuvieron en carretera elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, violando flagrantemente el derecho al libre tránsito–, la Secretaría de Finanzas y Planeación anunció mediante un comunicado que “dispersó” 982 millones 854 mil pesos correspondientes a recursos federales como el Fondo de Contingencias Económicas (Continver), el Fideicomiso para la Infraestructura Deportiva (Findepo), el Fondo de Cultura (Foncultura), el Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal (Fopadem), el Subsidio para la Seguridad de los Municipios (Subsemun) y a la bursatilización.
La pregunta que cabe hacerse es ¿qué diablos hace el gobierno de Javier Duarte con el dinero? ¿Por qué hay que exhibirlo y casi casi hacerle manita de puerco para que cumpla con lo que es su obligación, pero que anuncia como si le hiciera un favor a los veracruzanos?
Aunque la respuesta pareciera obvia (desviar, robar, usar para otros fines y un enorme etcétera), no es tan simple. ¿Cómo un gobierno puede irse a la quiebra manejando un presupuesto, tan sólo en 2015, de 102 mil 574 millones de pesos? ¿Es posible que un monto de esa magnitud, al que se suman los recursos que bajan de la Federación a lo largo del año por gestiones diversas, pueda ser desviado, robado o “jineteado” al grado de comprometer la estabilidad y gobernabilidad de un estado de ocho millones de habitantes?
Pues en Veracruz, sí.
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