Filiberto Vargas Rodríguez / Apenas iniciaba el evento en el que el Gobernador Javier Duarte resumiría para sus invitados los logros de su quinto año de gobierno, cuando desde las gradas del Velódromo de Xalapa surgieron mantas extendidas por familiares de personas desaparecidas.
De inmediato, personal de logística del evento se encargó de arrebatarles estas personas sus instrumentos de protesta y de “invitarles” a desalojar el recinto.
Minutos después, cuando ya los manifestantes habían sido retirados, el propio Javier Duarte hizo un llamado desde su tribuna: “Quienes se quieran expresar de manera pública, que lo hagan con toda la libertad y respeto que se merecen”.
Eso se llama ambigüedad (el diccionario de la Real Academia Española, explica que el término “ambiguo” cuando se refiere a una persona, se trata de alguien que, con sus palabras o comportamiento, vela o no define claramente sus actitudes u opiniones).
El Gobierno de Javier Duarte ha sido, esencialmente, ambiguo. Sus palabras expresan algo contrario a lo que muestran sus acciones.
Javier Duarte ha sido ambiguo, por ejemplo, con la Universidad Veracruzana.
Por un lado manda a su titular de Finanzas, Antonio Gómez Pelegrín, a regatear los recursos que por ley le corresponden a la casa de estudios, y por otro se sienta con la rectora para manifestarle su total respaldo.
Primero manda al titular del IPE, Armando Adriano Fabre a cobrarle a la UV, y luego sale él a anunciar que ya todo fue pagado por su gobierno, que la Universidad ya no debe nada, que ya todo lo pagó su administración.
(Por cierto, sería muy sano, para abonar a la transparencia, que se mostraran documentos de la transferencia de esos dos mil millones de pesos que reclama el IPE).
Ambiguo también ha sido en la preparación de su sucesión. Primero impulsó con toda la fuerza de su estructura partidista a Alberto Silva, y después les soltó la rienda a otros aspirantes (Érick Lagos y Adolfo Mota, por mencionar sólo a dos), al grado de alentarlos a que “se muevan” ante la posibilidad de ser “los elegidos”.
Ha sido ambiguo en su trato con los senadores priistas. Dice respetar a Héctor Yunes, pero los hace víctimas de sus bromas, frente a miles de campesinos. Dice tenerle una especial estima a José Yunes Zorrilla, pero cuestiona a “sus asesores” y descalifica sus opiniones.
En los temas financieros el discurso del Gobernador de Veracruz también es ambiguo. Asegura que no ha contratado más deuda, pero la diferencia entre lo que recibió como deuda pública en el 2010 y lo que se debe hoy, es casi del 300 por ciento. Dice no haber pedido prestado, pero sí haber renegociado los pasivos del Estado. Eso, aquí y en China, es contratar deuda nueva, para sustituir la añeja.
Si el secretario de Gobierno, Flavino Ríos Alvarado, acude a la reunión extraordinaria del Consejo Directivo del IPE y propone que se dé a conocer el adeudo que tienen los ayuntamientos y organismos autónomos con el IPE, y que se les solicite la parte proporcional que les corresponde cubrir, es lógico suponer que dicha petición ha sido ordenada por el mandatario estatal, y no se trata de una ocurrencia de un funcionario menor.
Pero si en la misma reunión el secretario de Finanzas Antonio Gómez Pelegrín, manifiesta que mes con mes el gobierno estatal ha subsidiado al Instituto y lo seguirá haciendo, eso habla de ambigüedad.
Falta un año para que concluya la administración de Javier Duarte. No estaría de más que en los próximos 12 meses se privilegie la congruencia en los actos de gobierno.
Si eso sucede, habrá una ostensible mejoría en la percepción ciudadana sobre la gestión de Javier Duarte.
Más congruencia y menos ambigüedad.
¿Será tan difícil?
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