Juan David Castilla Arcos / Xalpa, Ver. El personal de la en la Fiscalía General del Estado (FGE) prevé otro despido masivo a tres meses de culminar la administración estatal.
Empleados de dicha instancia, encargada de la procuración e impartición de justicia en Veracruz, han padecido una serie de violaciones a sus derechos.
Los corroe la incertidumbre y la impotencia. Podrían ser decenas y decenas de despidos injustificados en la FGE. Revivir lo ocurrido en 2017.
Los “patrones” emprendieron un acoso laboral constante contra sus más allegados. Se sentían “dueños” de los trabajadores.
Comenzaron a hacer “mitote” para negar permisos. Los obligaban a hacer cosas que no estaban dentro de sus atribuciones.
Después, cualquier cosa era motivo de regaño, humillación, gritos y culpabilidades.
Al menos seis empleados fueron puestos a disposición del Departamento de Recursos Humanos, casi en el mismo momento, sin haber incumplido sus funciones o haber cometido una falta.
El personal afectado cree que el exfiscal visitador de la FGE, Marcos Even Torres Zamudio, -recién nombrado fiscal anticorrupción de Veracruz- pretende desocupar plazas para, posteriormente, otorgárselas a su gente de confianza.
El personal estuvo a disposición de recursos humanos varias semanas, agobiados por chismes para que renunciaran y así pudiesen reutilizarse sus bases sindicales.
Arrebatan compensaciones
Even Torres era saludado con respeto por los trabajadores. Él no respondía. Desempeñaba el cargo de Visitador General de la FGE.
Los jefes impusieron sanciones administrativas sin motivos. Su personal perdió miles de pesos cada quincena, lo que complicaba su economía familiar.
Les informaban que la compensación era destinada a personas que ocupaban puestos específicos.
Los empleados habían sido notificados sobre cambios administrativos. Algunos laboraban en las oficinas centrales, ubicadas en el circuito Guízar y Valencia número 707, de la Reserva Territorial de Xalapa.
Ahora pertenecían a otras unidades especializadas, donde fueron sometidos a horarios nunca antes cubiertos.
Algunos “patrones” retiraban prestaciones mediante difamaciones, para perjudicar a varios trabajadores.
Orquestaban una ola de chismes para quedar como “víctimas”.
Descienden de puesto
Un fiscal con más de 25 años de servicio también fue puesto a disposición del Departamento de Recursos Humanos. Perdió el nombramiento y todo su salario.
Pretendían cambiarlo de adscripción. Le daban el cargo de auxiliar de fiscal en Tantoyuca, municipio localizado al norte del estado, a 468.4 kilómetros de distancia de la capital del estado.
A una trabajadora, auxiliar administrativo, la mandaban con su mismo cargo al municipio de Huayacocotla, a cinco horas de Xalapa en autobús.
Ella rechazó el oficio con dicha notificación. Se negó a firmarlo. El Departamento de Recursos Humanos amagó con no depositarle su quincena. Así fue.
Siguió yendo a checar en el horario correspondiente. No recibió su pago correspondiente a la quincena pasada.
Una fiscal adscrita a la Unidad Integral del Puerto de Veracruz, llevaba más de 25 años de servicio.
Le quitaron su nombramiento. Solo le dieron la opción de un cambio de adscripción a Tantoyuca, pero como auxiliar de fiscal. Prefirió renunciar.
Reviven injusticia
El año pasado fueron despedidas al menos 40 personas al mismo tiempo de la FGE por presuntas modificaciones en la nómina.
Los primeros 20 despidos se efectuaron el 29 de noviembre. Se trataba de las fiscales especializadas en Investigación de Delitos Contra la Familia, Mujeres, Niñas, Niños y Trata de Personas.
Los restantes, llegaron en oficios a escritorios de integrantes de Unidades Diversas y Servicios Periciales.
Los despidos masivos en la FGE habían sucedido en dos ocasiones previas.
El primero ocurrió cuando Jorge Winckler Ortiz llevaba 30 días como titular de la Fiscalía.
El oficio FGE/DGA/082/2016 fue girado por el área de Recursos Humanos, con el propósito de continuar con los trabajos de reingeniería que se venían realizando en relación a los Recursos Humanos.
«Se informa a todo el personal que preste servicio en modalidad de contrato, personal de tiempo fijo (ETA Empleado Temporal Administrativo o sólo compensación) que quedan suspendidas sus contrataciones», se leía.
Las excepciones de anulación de contrato aplicaron sólo para fiscales, policías ministeriales, detectives y peritos.
Algunos peritos y empleados de áreas diversas eran obligados a leer y firmar en determinado tiempo su renuncia.
Además, los trabajadores eran citados uno por uno en las oficinas de la Fiscalía General del Estado.
Se presume que la finalidad era evitar que el personal se agrupara y se organizara para realizar protestas y plantones.
Sindicato vendido
Los empleados carecen de protección sindical. Se sienten vulnerables, pues sus derechos laborales han sido “pisoteados” y su organización sindical pareciera tener intereses particulares.
Hace un par de meses, difundieron un comunicado en medios de comunicación sobre anomalías sindicales.
Habían sido obligados a participar en una comida el sábado 23 de junio con el excandidato panista a diputado local por el distrito XI, Sergio Hernández Hernández.
Los inconformes acusaron directamente a su líder sindical José Antonio Rodríguez Mendoza, secretario general del Sindicato de Empleados Democráticos Independientes del Poder Ejecutivo de Veracruz y de la Fiscalía General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (SIEDIPEV).
«En días pasados en este mismo medio informativo se hizo del conocimiento público de los movimientos de categoría que fueron objeto varios dirigentes Sindicales del Poder Ejecutivo, en los cuales se ven incluidas nuestras siglas. Hemos de hacer notar que en la administración anterior esta organización apoyó y ayudó a muchos servidores públicos lo cual hizo que ganara el afecto de los burócratas que fungimos dentro el Poder Ejecutivo y que veníamos de un Sindicatillo Mayoritario que solo obtenía beneficios para su comité», se lee en el documento.
En diversas dependencias como SIOP, Turismo, Sefiplan, Tránsito y Transporte, Sedesol y la Fiscalía General del Estado no se respeta el movimiento escalafonario, ya que al jubilarse algún empleado las categorías son asignadas por “dedazo y a conveniencia” de los miembros del comité.
Además, todos los miembros del comité tienen por lo menos un familiar (o más) dentro de la administración pública que ha ingresado recientemente y con base.
«Podemos constatar que nuestro Líder, Jefe o Toño (como lo llaman algunos de los agremiados) ya se prestó a movimientos y acciones fraudulentos aprovechando la titularidad de la organización que representa, a tal grado que con el argumento de que el sindicado obtenga beneficios, se nos OBLIGÓ a participar en una comida el sábado 23 de junio cuyo fin es mostrar nuestro apoyo al candidato a Diputado por el distrito XI Sergio Hernández, quien representa al PAN, cuando ese partido ocasionó el despido, al inicio de esta administración en 2016, de muchos de nuestros compañeros», exponen los empleados.
ES INCREIBLE QUE LOS GOBIERNOS FOMENTEN EL DESEMPLEO Y SE PASEN POR ENCIMA LAS LEYES , DEMANDAS LABORALES EN ESTE GOBIERNO LO QUE HA PROVOCADO, UNA BOLA DE NIEVE QUE VA HEREDAR EL PRÓXIMO GOBIERNO, ACOMODOS ES LO QUE ESTAN HACIENDO, ESPEREMOS QUE DEN REVERSA A TODOS LO NUEVOS INGRESOS DERIVADOS DE REACOMODOS QUE SE DA EN VARIAS ÁREAS Y QUE TODAS LAS COMPENSACIONES SE JUSTIFIQUEN DE ACUERDO AL PUESTO PORQUE EN LA PRACTICA DE ESTOS NO ES ASI.