Francisco de Luna / Xalapa, Ver. Las inconformidades por las deudas que mantiene el Gobierno del Estado de Veracruz, han surgido nuevamente. Un grupo de empresarios señalan que con la administración que encabeza Miguel Ángel Yunes Linares, la historia se repite.
Atraso en pagos, cierre de empresas, despido de trabajadores, son algunas de las afectaciones que siguen arrastrando. Recuerdan que la promesa del gobierno actual sería saldar las afectaciones económicas que dejó el exgobernador priista Javier Duarte de Ochoa.
El empresario Jesús Castañeda Nevares, declaró que ante la urgencia de los pagos y la omisión de las autoridades estatales, decidieron integrar la agrupación “Empresas SOS”. La conforman 50 empresas del estado de Veracruz, las cuales están a punto de la quiebra mercantil.
Apenas el 30 de mayo (2018), en rueda de prensa declaró junto a otros empresarios que los adeudos son desde el año 2014. Comentó que confiaron en las promesas de campaña de Miguel Ángel Yunes Linares quien les prometió que a su llegada al poder se resolverían los adeudos.
Hasta ahora se tiene estimado que la deuda del Gobierno del Estado de Veracruz con los empresarios asciende a 300 millones de pesos, cantidad que se acumuló en los últimos cuatro años.
Los casos se acumulan
Un ejemplo reciente es el de la empresa Abastecedora de bienes y servicios “Sama”, que se vio en la necesidad de despedir a 18 empleados porque se fue a la quiebra.
El representante legal, David Juárez, dio a conocer que vendieron los vehículos y prácticamente desaparecieron sus oficinas de la ciudad de Xalapa. Esta compañía se fundó en el año 2011.
Se dedicaban a la renta de servicios como consumibles de cómputo, coches, papelería, llantas e insumos para la editora de Gobierno del Estado de Veracruz.
La decadencia económica comenzó en el año 2014 cuando se elevaron las deudas de la administración del entonces gobernador priista, Javier Duarte de Ochoa, exfuncionario que actualmente está en prisión.
Son pagos que quedaron pendientes desde el año 2014 a 2016 y el monto supera los 10 millones de pesos. Dinero que la actual administración estatal prometió pagar.
Esos adeudos fueron subidos a la plataforma de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), porque aseguró que la dependencia reconoció los adeudos «y tenemos los oficios de la nueva administración del gobernador Miguel Ángel Yunes donde reconocen a los activos-pasivos».
A las exigencias de pagos se sumaron los integrantes del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación en Veracruz (Sitev) quienes iniciaron protestas de “brazos caídos”, para exigir los pagos de las cuotas.
A través de un desplegado anunciaron que exigen el pago de 75 millones de pesos «las acciones se incrementarán si no hay respuesta del gobierno», anunciaron los representantes sindicales.
Denuncias ante PGR
Pero un caso que ha registrado un sinnúmero de denuncias penales, es el de la empresa “GB Plus Intermercado” que ante el desistimiento de la Fiscalía General de Veracruz (FGE) de investigar las denuncias interpuestas contra el titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), Guillermo Moreno Chazarini.
Y es que refieren que se trata de la retención ilegal de casi 50 millones de pesos descontados a burócratas que tienen créditos con esta casa financiera, que dio un paso más allá, al llevar su expediente de denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR), instancia donde sí aceptaron y dieron entrada a la investigación que en Veracruz no se quiso proceder.
En los próximos días la empresa Intermercado acudirá a demandar el cumplimiento del contrato de colaboración firmado con Sefiplan y el pago detenido indebidamente desde hace ocho meses, pidiendo además el pago de intereses, perjuicios y lo que se acumule, señaló el director jurídico de la financiera, Helios Castro Rico.
Esta demanda que acompaña el caso por peculado contra Sefiplan, la interpondrán antes del 15 de julio (2018).
La empresa Intermercado GB Plus, interpuso una denuncia por peculado en contra del Gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares ante la PGR, por la retención ilegal de 47 millones 841 mil 759 pesos con 16 centavos.
Dinero descontado a los trabajadores, pero no entregado a la empresa que dio préstamos a trabajadores burócratas del Gobierno del Estado. Hoy, por esta acción “ilegal” del Gobierno veracruzano, están en buró de crédito un total de 4 mil trabajadores.
La denuncia fue interpuesta el pasado 24 de mayo. Y la PGR aceptó darle curso a la investigación, a diferencia de la FGE que en fecha 17 abril de 2018, interpuso denuncia contra Guillermo Moreno Chazarini por retención ilegal de pagos a la financiera Intermercado, pero en un hecho inusitado la FGE desestimó investigar la denuncia.
Pero hubo una abstención de investigación que fue notificada por el Fiscal Octavo adscrito a la Fiscalía de Investigaciones ministeriales, de la carpeta FGE/FIM/8/084/ 2017 en de fecha 08 de mayo de 2018.
Ante esta abstención de investigar que pronunció la FGE, la denuncia ante PGR se hizo, luego de meses sin tener respuesta por parte de Sefiplan, al requerimiento de pago realizado, Intermercado por segunda ocasión requirió a la Sefiplan el pago de los descuentos realizados, dicho requerimiento fue realizado en fecha 05 de abril de 2018 y la cantidad adeudada es de 47 millones 841 mil 759 pesos con 16 centavos.
Deudas reconocidas pero no pagadas
Otros grupos empresariales tendrían que esperar hasta la siguiente gubernatura para ver finiquitada la deuda que el gobierno de Veracruz tiene con ellos.
Esto luego de que el presidente de la Asociación de Constructores del Estado de Veracruz (Acevac) Rafael Núñez Landa, declarara que aún no saben si el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares saldará la deuda, pues aunque ha habido pagos, no se han realizado a todos.
A casi medio año que concluya la actual administración estatal aún mantienen adeudos con los empresarios locales, reconoció el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Xalapa (CCEX) Luis Federico Palacios.
Actualmente los responsables de varias asociaciones civiles, empresas veracruzanas y foráneas, universidades privadas y personas físicas reclaman a su administración el pago de unos 50 millones de pesos que quedaron pendientes en el ejercicio 2016.
«El combate a la inseguridad es la política de la que se jacta semana a semana el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, sin embargo, en los hechos su administración ni siquiera ha pagado por sus servicios a empresas que han implementado el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y el Delito (Pronapred)».
Sobre los pasivos, Raúl Alejandro Barrera Morales, representante legal de la empresa “Recursos Humanos VJ” S.A. de C.V., señaló que es casi un hecho que el llamado gobierno del cambio no cumplirá con estos pendientes que son completamente legales.
La cronología del rechazo en la investigación
El 17 de abril de 2018 se presentó ante la FGE la denuncia penal correspondiente para poner de conocimiento al Fiscal de los hechos para que pudieran ser constitutivos de delitos.
El 03 de Mayo de 2018, El Gobernador del Estado, Miguel Ángel Yunes en una rueda de prensa al cuestionarlo del tema Intermercado, indicó que la FGE había desechado la denuncia por ser de carácter mercantil.
Mientras que el 08 de mayo de 2018 Intermercado acudió a la Fiscalía y les notificaron la abstención de investigar por parte de la dependencia ya que consideró que los hechos denunciados no son objeto de delitos.
Para el 11 de mayo de 2018, Intermercado promovió ante Juez competente la solicitud de fecha para llevar a cabo la audiencia de medios de impugnación y ante el Juez de Control para combatir la determinación de la fiscalía.
Para el 04 de junio recibieron notificación vía telefónica para señalar fecha de audiencia ante el juez de control, misma que quedo radicada para el lunes 11 de junio de 2018 a las 12:00 horas en la sala 2 de Juicios Orales con sede en Pacho Viejo, del municipio de Coatepec.
Y ante la negativa de la investigación, los representantes legales de Intermercado, presentaron denuncia en la Subprocuraduría Especializada en Delitos Federales y la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia.
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