Y entre los alcaldes que vienen a reclamar el pago de sus participaciones atrasadas, además de las cuentas pendientes en el Orfis, más de uno trae sus propias pillerías a cuestas. Tal es el caso de los alcaldes de Banderilla y Agua Dulce.
Este último, Daniel Martínez González, debe estar apurado en que se le identifiqué como uno más de los injustamente tratados, pero el caso es que oculta entre otras lindezas el rechazo popular que tiene en el municipio que gobierna por la omisión de un deber legal al encubrir y hasta respaldar con el pago de una fianza superior a los 900 mil pesos a su síndico Antonio de la Cruz Balcázar, quien está procesado por delitos de fraude fiscal contra la propia federación.
La causa penal es la número 56/2012 en el juzgado XIV de distrito Coatzacoalcos por fraude al erario público cometido contra Hacienda Federal. Antonio de la Cruz Balcázar, síndico del Ayuntamiento de Agua Dulce, fue aprehendido hace un par de meses y enfrenta el proceso penal en libertad gracias a que el alcalde Daniel Martínez pago 900 mil pesos de fianza.
Pero eso no ha significado que el señor deba separarse de su cargo, pues está impedido por ley para ejercerlo y enfrentar su proceso. A todo ello, Daniel Martínez se hace de la vista gorda y engaña a todos a cambio que el síndico le firme todo lo que le ponga enfrente. Un procesado despacha como síndico. ¿Será que los nuevos legisladores lo dejarán seguir ilegalmente en el cargo?
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