Un juez federal en Coatzacoalcos, Veracruz, reactivó la orden de aprehensión contra excuñada de Javier Duarte. Es acusada de defraudación fiscal

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Un juez federal en Coatzacoalcos, Veracruz, reactivó la orden de aprehensión contra excuñada de Javier Duarte. Es acusada de defraudación fiscal FOTO: WEB

Juez, LeyUn juez federal en Coatzacoalcos, Veracruz, reactivó la orden de aprehensión del 2019 contra Mónica Ghihan Macías Tubilla, hermana de Karime Macías y excuñada del exgobernador Javier Duarte de Ochoa, por presunta defraudación fiscal equiparable de 3.5 millones de pesos. La Fiscalía General de la República la señala como parte de una red de prestanombres que, según la investigación, Duarte habría utilizado durante su gestión, 2010-2016, para adquirir inmuebles en Estados Unidos con recursos de presunta procedencia ilícita. Aparece como propietaria de propiedades en The Woodlands Country Club, una zona residencial exclusiva de Houston, Texas. En el 2018, la entonces PGR entregó al gobierno de Veracruz cuatro departamentos en la Torre Pelícano, en Boca del Río, que estaban a su nombre. El mandamiento original se basó en el artículo 109, fracción I, y el 108, párrafo cuarto, fracción II, del Código Fiscal de la Federación.

Ese rango de monto, más de 2.53 millones y hasta 3.79 millones de pesos, contempla pena de dos a cinco años de prisión, pero no prisión preventiva oficiosa. En febrero del 2026 una jueza federal en Veracruz había dado de baja la orden. Un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en Coatzacoalcos la revivió días antes de la publicación de las notas, 1-2 de septiembre del 2026. No obstante, Macías Tubilla obtuvo una suspensión definitiva de la jueza Emma Cristina Carlos Ávalos, Decimoprimero de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, que impide por ahora su detención.

Se presume que se encuentra fuera de México, en un contexto similar al de su hermana Karime Macías, a quien el Reino Unido concedió asilo político y evitó su extradición por un presunto daño patrimonial de alrededor de 112 millones de pesos al DIF de Veracruz. La FGR había solicitado la ficha roja de Interpol en el 2019. El caso se enmarca en las investigaciones sobre el desvío de recursos durante el gobierno de Duarte, quien cumple sentencia por asociación delictuosa y lavado de dinero y enfrenta nuevos procesos por peculado.

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