La Fiscalía General de la República informó que, por avances de la investigación de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada, un juez de distrito del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México autorizó el cateo de dos bodegas en un inmueble de la alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México. En el operativo intervinieron ministerios públicos y peritos de la FGR, con apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Según la fiscal general Ernestina Godoy, en ambos sitios, donde la documentación estaba oculta, se aseguraron pedimentos de importación, actas de asamblea y contratos que, de acuerdo con la autoridad, darían cuenta de la simulación corporativa y operativa atribuida a la presunta red. También se hallaron papeles relacionados con otros esquemas delictivos que la FGR ya investiga.
El análisis inicial identifica “indicios relevantes” sobre operaciones de comercio exterior de Ingemar S.A. de C.V., empresa que la fiscalía vincula con Ernesto Ruffo Appel y considera el eje del esquema. Esos hallazgos, dice Godoy, aportan elementos del modus operandi y podrían abrir nuevas líneas de investigación. El caso se originó con el hallazgo de ferrotanques abandonados en Coahuila y se refiere a una presunta red de contrabando de combustibles por vía férrea, huachicol fiscal: declarar sólo una fracción del volumen real, alrededor de 10 mil litros por carro tanque frente a hasta 110 mil, para evadir impuestos.
Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, fue detenido el 16 de julio del 2026 en Ensenada, vinculado a proceso junto con otros imputados por delincuencia organizada, contrabando y delitos en materia de hidrocarburos, y permanece en el penal federal del Altiplano. De 25 presuntos integrantes, nueve han sido detenidos. Godoy precisó que, hasta el momento, la FGR no ha sido notificada de que la defensa de Ernesto “N” haya solicitado cambiar la prisión preventiva oficiosa por prisión domiciliaria. Añadió que se respetan la presunción de inocencia, el debido proceso y las garantías de defensa, y que en el internamiento se cubren los cuidados de salud correspondientes.