Las misiones médicas cubanas, iniciadas en 1963 con el envío de la primera brigada a Argelia, han enviado, según cifras oficiales de La Habana, a más de 600.000 trabajadores de la salud a 165 países a lo largo de seis décadas. A mayo de 2026, seguían desplegados más de 16.000 en unas 50 naciones, estimaciones independientes elevan la cifra a cerca de 25.000 en 53 misiones activas. Venezuela, México, Angola y Argelia concentran los contingentes más grandes. El programa, presentado por el gobierno cubano como “solidaridad internacional” y principal fuente de divisas (miles de millones de dólares anuales), enfrenta acusaciones crecientes de explotación laboral y trabajo forzoso.
Países receptores pagan entre 3.000 y 10.000 dólares mensuales por profesional, pero los médicos y enfermeros reciben solo entre el 3 % y el 30 %, promedio estimado del 15 %, mientras el Estado cubano y empresas intermediarias, como Antex o la Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos, retienen el resto. Informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Departamento de Estado de EE.UU., Human Rights Watch, Prisoners Defenders y otras organizaciones documentan prácticas recurrentes.
Como por ejemplo la retención de pasaportes, restricciones de movimiento y de relaciones personales, vigilancia, jornadas excesivas, contratos opacos o inexistentes, y represalias, incluyendo prohibición de regresar a Cuba por hasta ocho años o penas de prisión, contra quienes abandonan la misión. Testimonios indican que una mayoría significativa no participó de forma plenamente voluntaria. La CIDH concluyó que en ciertos casos concurren indicadores de trabajo forzoso y elementos de trata de personas.