En México, desde hace años y de forma más marcada en periodos recientes como 2024-2025, los gobiernos han destacado como logro principal la reducción de los homicidios dolosos, los llamados asesinatos intencionales. Cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública muestran caídas del 25 al 40 % en algunos periodos bajo la actual administración, presentadas como resultado de la estrategia de seguridad. Sin embargo, al mismo tiempo, las desapariciones han aumentado de manera paralela y pronunciada. Según México Evalúa y otros análisis, como el informe Geografías de la crueldad de la Ibero, Colmex y México Evalúa, en la última década las personas desaparecidas y no localizadas crecieron 213 %, de 4 mil 100 casos en 2015 a más de 12 mil 800 en 2025; con incrementos aún mayores en periodos específicos donde los homicidios bajaron, hasta 231 % en algunos reportes 2024-2025.
Precisamente por el aumento sistemático de estas desapariciones forzadas, muchas con participación o tolerancia estatal, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU activó en abril de 2026 el artículo 34 de la Convención Internacional y concluyó que hay “indicios fundados” de que en México se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad.
Pidió remitir el caso a la Asamblea General de la ONU para medidas urgentes de prevención, investigación y sanción. Por supuesto, el gobierno mexicano rechazó el informe, calificándolo de parcial, pero los datos acumulados (más de 130 mil desaparecidos registrados) y los análisis independientes respaldan la preocupación de la ONU.