Omite el compromiso y las acciones concretas del gobierno actual en la atención a las familias de víctimas. La mandataria capitalina respaldó la postura del gobierno federal de Claudia Sheinbaum, que rechazó el informe por considerarlo tendencioso, parcial y sesgado. Ambos niveles de gobierno rechazaron cualquier narrativa de “colusión” entre autoridades y crimen organizado, calificándola de infundada y con posibles fines injerencistas que atentan contra la soberanía mexicana.
Cabe señalar que el contexto del informe del CED activó el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y recomendó llevar el caso a la Asamblea General de la ONU. Argumentó que existen indicios de que las desapariciones forzadas en México se han cometido y siguen cometiéndose como crímenes de lesa humanidad, con patrones de impunidad persistente.

