La noche del lunes 30 de marzo de 2026, elementos de la Fiscalía General del Estado de Veracruz realizaron un cateo en un inmueble de la colonia Magisterial, en el municipio de Tihuatlán, Veracruz, como parte de un operativo contra el narcomenudeo. En el lugar fueron detenidas ocho personas, entre ellas Heriberto “N”, señalado como hermano de Estefani Galassi Gómez, delegada regional de la Secretaría del Bienestar en Poza Rica, responsable también de la atención en Coatzintla y Tihuatlán. Según reportes, a los detenidos, identificados como Raúl Birzabith “N”, Ana Karen “N”, Bernny Arain “N”, Denilsson José “N”, Heriberto “N”, Atanacia “N”, Salustio “N” y Gloria “N”, se les atribuyen presuntos delitos contra la salud, cohecho y resistencia a la autoridad.
En el inmueble se aseguraron maletas con droga, marihuana, cristal y cocaína. Estefani Galassi Gómez, nombrada en el cargo en abril de 2025 por el delegado estatal de Bienestar, Juan Javier Gómez Cazarín, emitió un comunicado en el que admitió que la detención de su hermano “me duele y me preocupa”, y pidió no politizar el caso. No extraña que, si el delegado de Bienestar en Veracruz es señalado como un delincuente, también lo sean los familiares de sus subalternos.
Casos como este refuerzan la percepción de que la falta de filtros rigurosos y la impunidad en la asignación de cargos en programas sociales terminan permeando hacia redes cercanas, donde el parentesco y la cercanía política parecen priorizarse sobre la integridad. Cuando la cabeza tolera o genera sospechas de corrupción o conductas delictivas, es lógico que el problema se reproduzca en los niveles inferiores y en sus entornos familiares.