Sabemos que la delincuencia organizada no puede operar ni prosperar sin el contubernio de las autoridades policiacas y en muchos casos con el apoyo del Poder Judicial. En México, se ha dado el caso de que las organizaciones criminales tienen pactos con las autoridades estatales e incluso federales. Tal es el caso de Adán Augusto López, quien tiene vínculos con La Barredora, cuyos líderes ocuparon puesto de autoridad cuando era gobernador de Tabasco y después secretario de Gobernación con López Obrador e incluso siendo Adán presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado.
La nómina que da a conocer el periódico El Universal, donde se desglosa cuánto se pagaba a los policías de los municipios de la zona conocida como Los Valles es sólo una muestra mínima de cómo operaba el Cártel Jalisco Nueva Generación en completa impunidad. Señala El Universal: “La información da cuenta de que, además de pagar sobornos a la policía de Tapalpa, el cártel tenía en su nómina a policías municipales de Sayula, Atoyac, Techaluta de Montenegro, Amacueca, Atemajac de Brizuela, Chiquilistlán (colindantes con Tapalpa), Tomatlán y Cabo Corrientes (El Tuito), estos dos últimos municipios en la costa de Jalisco. Estos datos sugieren que la primera semana de cada mes, el CJNG gastaba un millón 45 mil pesos para corromper policías de estas demarcaciones; sin embargo, no se señala a quiénes se entregaba el dinero”.
Y esto sólo en la zona donde operaba El Mencho, habría que sumar el gasto de sobornos a la misma Fiscalía General de la República y los sobornos en las aduanas por el tema del huachicol fiscal. Sobornos que ya vimos, llegaban hasta los altos mandos de la Marina y el Ejército.