Alfredo Griz / Adán Augusto López no fue un gobernador más. Fue el arquitecto de un sistema, el diseñador de una estructura que convirtió al erario en botín y a la legalidad en simulación. Bajo su gobierno en Tabasco no se improvisó la corrupción: se planeó, se ejecutó y se replicó. Lo que nació como un esquema local terminó mutando en una red nacional de empresas fantasma, prestanombres y contratos amañados que hoy aparece incrustada en algunas de las dependencias federales más manchadas del sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
No se trató de desvíos aislados ni de errores administrativos. Fue una ingeniería financiera y política que utilizó trabajadores comunes como escudos, domicilios inexistentes como trincheras y notarías cercanas al poder como fábricas de empresas de papel. El saldo documentado supera los 2 mil 360 millones de pesos en contratos públicos, repartidos con precisión quirúrgica entre Tabasco y al menos otros seis estados, además del ámbito federal.
El rostro humano del engaño
Miguel Ángel vive en Villahermosa. Es chofer. Completa sus ingresos cargando equipo y apoyando en la logística de bailes populares. Su vida es la de miles de trabajadores que apenas alcanzan para sostener a su familia. Sin embargo, en registros oficiales aparece como accionista de una empresa constructora, Comercio y Construcción de Tabasco SA de CV, clasificada por el SAT como empresa simuladora de operaciones, una facturera.
No pidió créditos millonarios, no firmó contratos, no tomó decisiones estratégicas. Solo prestó su nombre, quizá sin entender del todo que su identidad sería utilizada para encubrir operaciones que movieron millones de pesos del presupuesto público durante el gobierno de Adán Augusto López. La empresa, además, operaba desde inmuebles ligados a la familia Bermúdez Requena, un apellido que se repite como columna vertebral del entramado.
Miguel Ángel no es la excepción: es el molde.
Auxiliares administrativos convertidos en empresarios
Carlos Suárez Alor se presenta en redes profesionales como auxiliar administrativo en una empresa tabasqueña creada hace más de dos décadas por los hermanos Bermúdez Requena. Pero en documentos legales aparece como apoderado de otra empresa fantasma, Construagregados Hopelchén, también incluida en el listado definitivo del SAT.
Ambas compañías fueron contratistas en el mismo periodo. Ambas usaron esquemas de simulación. Ambas comparten vínculos empresariales y políticos. El mensaje es claro: los verdaderos dueños no firman, no aparecen, no responden. Para eso están los empleados.
La red: una estructura diseñada para ganar siempre
Al menos 20 empresas forman parte del entramado. No compiten entre sí: se coordinan. Comparten representantes legales, domicilios fiscales, inmuebles alternos y, en muchos casos, las mismas notarías. El objetivo no era prestar servicios, sino simular competencia para repartirse contratos previamente asignados.
La red se consolidó durante el gobierno de Adán Augusto en Tabasco y luego se exportó intacta a Campeche, Chiapas, Hidalgo, Puebla y Quintana Roo, todos bajo administraciones morenistas. La expansión culminó en dependencias federales estratégicas como Conagua y Segalmex, esta última convertida en el mayor símbolo del fracaso anticorrupción del sexenio de AMLO.
Conagua, ríos y empresas gemelas
En mayo de 2024, un procedimiento para la limpieza de los ríos Grijalva y Espino exhibió la mecánica sin pudor: tres empresas invitadas a concursar, todas vinculadas entre sí. Dos con el mismo domicilio fiscal en el centro de Villahermosa; la tercera, establecida en un inmueble que también funcionaba como domicilio alterno de las otras.
Una de ellas estaba oficialmente catalogada como facturera por el SAT. Aun así, fue admitida. La competencia fue una farsa. El contrato, un trámite. El dinero, un destino anunciado.
Los amigos del poder
Entre los nombres que aparecen una y otra vez destaca Alejandro Márquez Rodríguez, conocido como “El Ganso”. Empresario tabasqueño, socio y apoderado en varias empresas del entramado, amigo personal y cercano de Adán Augusto López, a quien acompañó incluso en su gira como precandidato presidencial en 2024.
En otra empresa clave aparece como administrador un personaje que, al mismo tiempo, fungía como apoderado en una facturera y como directivo en compañías donde Márquez Rodríguez participó desde su fundación. No son relaciones accidentales: son vasos comunicantes.
El poder inmobiliario y los domicilios del engaño
El piso 15 de la torre empresarial más importante de Tabasco está escriturado a nombre de una empresa donde Adán Augusto López es copropietario. En ese mismo nivel se ubica el domicilio fiscal de una compañía administrada por una mujer dedicada a la venta de productos multinivel, que aun así obtuvo contratos y subsidios por más de 4 millones de pesos en gobiernos de Morena.
La imagen es simbólica: el poder arriba, la simulación abajo. Oficinas de lujo para domicilios fiscales que solo existen en el papel.
Silencio, renuncias y omisiones
Cuestionado formalmente, Adán Augusto López no respondió. No negó. No explicó. Guardó silencio. Días después, dejó la dirigencia de Morena en el Senado. No fue un gesto de responsabilidad, sino de distancia táctica frente a un entramado que ya no podía ocultarse.
Lo que ocurrió en Tabasco bajo Adán Augusto López no fue un desliz ni una anomalía. Fue un modelo de gobierno. Un sistema donde la corrupción se volvió técnica, donde el saqueo se ejecutó con actas constitutivas y donde los pobres fueron usados como máscaras para enriquecer a los cercanos al poder.
Mientras el discurso presidencial hablaba de honestidad y transformación, en los expedientes se escribía otra historia: la del dinero público convertido en negocio privado. Tabasco fue el punto de partida. Segalmex, el clímax. Y el silencio de los responsables, la confesión más elocuente.
Porque cuando un gobierno necesita empresas fantasma para funcionar, no estamos ante un error: estamos ante una red criminal con fachada institucional.
