Los campos de fútbol llanero en México se han convertido en escenarios recurrentes de violencia extrema ligada al crimen organizado. Según un recuento periodístico de Grupo REFORMA publicado en febrero de 2026, desde 2019 (y con datos que abarcan hasta siete años atrás, cubriendo efectivamente desde alrededor de 2018-2019), se registran al menos 56 ejecuciones en ataques armados o incidentes violentos en estas canchas amateur a lo largo del país. Este saldo incluye decenas de heridos adicionales y convierte espacios recreativos —frecuentemente usados para alejar a jóvenes de las drogas— en blancos de ajustes de cuentas, ejecuciones selectivas o masacres colaterales.
El municipio de Salamanca, Guanajuato, concentra la mayor incidencia: desde 2019 se reportan al menos cinco ataques en sus canchas, con 27 muertos (casi el 48% del total nacional) y 25 heridos. La violencia escaló notablemente a partir de 2025, en el contexto de la pugna territorial entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL), que disputan el control de huachicoleo, narcomenudeo y extorsión —incluyendo cobro de piso a ligas y equipos locales—.
Un ejemplo reciente fue la masacre del 25 de enero de 2026 en las canchas de Loma de Flores (Salamanca), donde un comando armado mató a 11 personas (incluyendo presuntos escoltas ligados al CJNG) e hirió a otras 12 tras un partido de liga llanera. Autoridades federales atribuyeron el ataque a “Los Marros”, célula del CSRL. Aunque se han documentado casos aislados en estados como Guerrero (al menos 8 muertos en 3 incidentes), Nuevo León (vinculados a extorsión), Michoacán, Zacatecas, Hidalgo y otros, Guanajuato —especialmente la zona Salamanca-Irapuato-Celaya— lidera la estadística por la intensidad del conflicto entre cárteles.