Al menos tres detenciones fueron ejecutadas por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), con revisiones forzadas de teléfonos celulares, incluyendo acceso a contactos, fotos y archivos. El gremio calificó estas acciones como un «patrón de criminalización del ejercicio periodístico» que vulnera la privacidad y el secreto de fuentes. Inicialmente, cuatro fueron liberados, pero diez permanecieron detenidos, algunos en situación de “desaparición forzosa” temporal.
Posteriormente, fuentes como EL PAÍS y The New York Times reportaron que los 14 fueron liberados por la DGCIM. Este incidente se enmarca en un contexto de restricciones a la libertad de prensa en Venezuela, documentado por organizaciones como el Instituto Prensa y Sociedad y Reporteros Sin Fronteras.