Durante la sesión inaugural de la Asamblea Nacional venezolana, que instaló el período legislativo 2026-2031 y juramentó a Delcy Rodríguez como presidenta interina tras la detención de Nicolás Maduro, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) denunció la detención de 14 periodistas y trabajadores de medios. Según el SNTP, 11 de los detenidos pertenecían a medios y agencias internacionales, mientras que los restantes eran de prensa nacional. Las aprehensiones ocurrieron principalmente en el Palacio Federal Legislativo y sus alrededores, donde se prohibió a la prensa transmitir en vivo, grabar o tomar fotografías.
Al menos tres detenciones fueron ejecutadas por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), con revisiones forzadas de teléfonos celulares, incluyendo acceso a contactos, fotos y archivos. El gremio calificó estas acciones como un «patrón de criminalización del ejercicio periodístico» que vulnera la privacidad y el secreto de fuentes. Inicialmente, cuatro fueron liberados, pero diez permanecieron detenidos, algunos en situación de “desaparición forzosa” temporal.
Posteriormente, fuentes como EL PAÍS y The New York Times reportaron que los 14 fueron liberados por la DGCIM. Este incidente se enmarca en un contexto de restricciones a la libertad de prensa en Venezuela, documentado por organizaciones como el Instituto Prensa y Sociedad y Reporteros Sin Fronteras.