Se equivoca Claudia Sheinbaum, ya se ha usado el delito de Terrorismo. Fue en 2011 y también fue en Veracruz, en los tiempos de Javier Duarte

- en Avenida Principal, Carrusel

La presidenta Claudia Sheinbaum aseveró que no ha habido una acusación de terrorismo en México, nunca. Se equivoca la presidenta Claudia Sheinbaum, el delito de terrorismo ya se había imputado a dos personas en 2011 y también fue en Veracruz. En agosto de 2011, durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa en Veracruz, se desató una psicosis colectiva en el puerto de Veracruz y Boca del Río tras la difusión de rumores en Twitter sobre supuestos ataques armados del crimen organizado contra escuelas primarias.

Estos mensajes falsos provocaron que padres de familia acudieran en masa a recoger a sus hijos, generando caos temporal. El 25 de agosto, el gobernador Duarte desmintió los rumores vía Twitter y anunció consecuencias legales, citando el artículo 311 del Código Penal estatal (terrorismo). Dos usuarios fueron detenidos: Gilberto Martínez Vera (@gilius_22), un profesor, y María de Jesús Bravo Pagola (@maruchibravo), conocida como “Maruchi”, periodista y exfuncionaria educativa. Ambos fueron acusados de terrorismo equiparado y sabotaje, delitos graves con penas de hasta 30 años de prisión. El 31 de agosto se dictó auto de formal prisión, y permanecieron en el penal de Pacho Viejo. El caso generó fuerte controversia nacional e internacional.

Organizaciones como Artículo 19, Reporteros sin Fronteras y Amnistía Internacional lo calificaron como un exceso autoritario y violación a la libertad de expresión, al equiparar rumores en redes sociales con actos terroristas. Ante la presión mediática y de derechos humanos, el 22 de septiembre de 2011 la Procuraduría de Veracruz desistió de la acción penal, y ambos fueron liberados tras casi un mes detenidos. Posteriormente, el Congreso veracruzano aprobó reformas al Código Penal (conocidas como “Ley Duarte” o “ley antituiteros”), tipificando la difusión de información falsa que cause alarma social, aunque partes fueron declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte.

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