El Tren Maya, uno de los proyectos emblemáticos del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, enfrenta una crisis financiera que expone su carácter oneroso y su baja eficiencia operativa. En solo nueve meses de 2025, la deuda de la empresa estatal con proveedores y empleados se cuadruplicó, pasando de 620 millones de pesos en enero a 2 mil 470 millones en septiembre, un incremento del 298% que refleja un deterioro acelerado. Este desbalance se debe a que los gastos operativos superan con creces los ingresos propios: entre enero y septiembre, el proyecto generó apenas 387 millones de pesos en taquillas y servicios, frente a los 3 mil 68 millones en costos, lo que resultó en pérdidas netas de 2 mil 681 millones antes de subsidios federales.
Desde su inauguración el Tren Maya ha sido una carga para las finanzas públicas, es un proyecto que no podría operar sin los subsidios gubernamentales, los cuales son indispensables para su supervivencia, pero insuficientes para garantizar rentabilidad a corto plazo. El director general, Óscar David Lozano Águila, admitió en mayo que la operación de pasajeros no es viable.
Administrado por la Sedena desde su inauguración parcial en diciembre de 2023, el proyecto acumula críticas por su impacto ambiental y social, priorizando propaganda sobre transparencia y eficiencia real. Analistas advierten que, sin reformas drásticas, este “motor de desarrollo” del sureste podría convertirse en una carga perpetua para las finanzas públicas.