Mónica Iliana Pérez Chapa es una jueza de control en el Primer Distrito Judicial de Ciudad Victoria, Tamaulipas, adscrita al sistema penal acusatorio de juicios orales. Elegida mediante procesos de selección judicial, ha estado en el centro de una polémica reciente por su manejo de audiencias y el uso desproporcionado de sanciones económicas. El incidente clave ocurrió el 4 de noviembre de 2025, durante una audiencia oral donde la abogada Aglaeth Yesenia González Cruz, defensora de tres exservidores públicos acusados de delitos graves, corrigió a la jueza por omitir una etapa procesal obligatoria. Pérez Chapa, en respuesta, impuso una multa de 1.4 millones de pesos por “interrupción” y “falta de respeto”, excediendo con creces los límites legales permitidos.
El video donde se advierte el abuso se viralizó en redes sociales, generando críticas de barras y colegios de abogados en las 13 ciudades de Tamaulipas, quienes denunciaron la sanción como un intento de silenciar el ejercicio profesional y una vulneración a la seguridad jurídica. Sin embargo, ese no fue un caso aislado. Previamente, Pérez Chapa había multado a otro abogado con cerca de 837 mil pesos por una intervención similar. Estas acciones evidenciaron presuntas deficiencias en su conocimiento de los procedimientos orales, lo que podría generar nulidades en procesos judiciales.
El 27 de noviembre de 2025, el Órgano de Administración Judicial del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas la destituyó temporalmente del sistema penal acusatorio y la reasignó al sistema penal tradicional, con el fin de “garantizar la continuidad del servicio” y permitir una investigación disciplinaria sobre su actuación. Aunque algunas fuentes iniciales lo interpretaron como una destitución total, la medida es provisional y no implica remoción permanente; Pérez Chapa continúa en funciones, pero en un ámbito menos visible. Paralelamente, un juez federal concedió una suspensión provisional en un juicio de amparo promovido por González Cruz, cancelando temporalmente la multa.