El 27 de noviembre de 2025, el Senado de la República aprobó la renuncia de Alejandro Gertz Manero como fiscal general de la República, en un proceso marcado por tensiones políticas y un debate sobre la legalidad de su salida. Gertz, de 86 años y en el cargo desde 2019, presentó una carta en la que argumenta su separación para asumir una embajada en un “país amigo”, posiblemente Alemania, propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum. La votación resultó en 74 votos a favor (de Morena, PT y PVEM) y 22 en contra (de PAN, PRI y Movimiento Ciudadano), con dispensa de trámites para acelerar el trámite.
La oposición rechazó calificar la oferta diplomática como “causa grave”, requisito constitucional (artículo 102) y de la Ley Orgánica de la FGR (artículo 24) para una renuncia válida. Senadores como Raymundo Bolaños (PAN) y Manuel Añorve (PRI) denunciaron una “maniobra” para imponer un fiscal “obediente” y “de cuota”, vinculándolo a presiones por investigaciones sensibles, como la orden de aprehensión contra el empresario Raúl Rocha (dueño de la franquicia Miss Universo en México) o casos de corrupción y tráfico de armas que podrían implicar a figuras de Morena. Claudia Anaya (PRI) acusó un “hiperpresidencialismo” que desmantela la autonomía de la FGR, al tiempo que señaló opacidad en el proceso, con reuniones privadas entre funcionarios y senadores morenistas.
Morena defendió la decisión: Enrique Inzunza destacó la autonomía lograda por Gertz y su edad avanzada como factores humanos, mientras Adán Augusto López criticó su incumplimiento en informes al Senado. La sesión, que inició con recesos prolongados y filtraciones, duró más de 10 horas, reflejando la fractura legislativa.