Está claro que Javier Duarte de Ochoa, exgobernador de Veracruz, no va a salir en este 2025 como tanto ansiaba. Una jueza determinó que no cumplía con los 6 requisitos para gozar de libertad anticipada. La verdad es que Javier Duarte no debería salir de prisión en esta década y de poderse, ni en la siguiente. Que no se nos olvide todo lo que hizo y no hizo Duarte como gobernador de Veracruz. Duarte fue acusado de desviar al menos mil 600 millones de pesos del erario público mediante un esquema de “empresas fantasma” y prestanombres. Estos recursos, destinados a programas sociales y obras, se usaron para fines personales y políticos, incluyendo la compra de propiedades de lujo en México y el extranjero. En 2016, la PGR abrió carpetas por peculado, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Tras su captura en Guatemala en 2017 y extradición, se declaró culpable en 2018 de asociación delictuosa y lavado de dinero, recibiendo una sentencia de nueve años de prisión.
Durante su gobierno, Veracruz registró al menos 3 mil 600 desapariciones, muchas atribuidas a policías estatales coludidos con el crimen organizado. Aunque no hay condena directa por este delito, Duarte enfrenta imputaciones por obstruir investigaciones. En 2022, fue vinculado a proceso por entorpecer la pesquisa de la desaparición del policía David Lara Cruz en 2016, caso ligado a fosas clandestinas en la Barranca de La Aurora.
En noviembre de 2024, obtuvo sobreseimiento en ese proceso, pero colectivos de víctimas lo denuncian ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad, exigiendo responsabilidad por la “política de terror” que fomentó. La CNDH documentó corrupción y complicidad en estos casos, sin que altos mandos hayan sido juzgados plenamente. El caso de Duarte resalta la impunidad en Veracruz y ha impulsado demandas de justicia de familias de desaparecidos, quienes rechazan cualquier beneficio penitenciario sin reparación integral.